La Página
Morelia, Michoacán.-Norberto Antonio Martínez Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil como Humanas Sin Violencia, Red Asaleas, Las Libres, unidas el colectivo denominado Marea Verde, presentó este martes en Conferencia de Prensa la propuesta de reforma al Código Penal del Estado para cambiar el concepto de aborto, considerándolo delito sólo después de las 12 primeras semanas.
“Se busca erradicar la violencia obstétrica y evitar los legrados que ponen en riesgo la vida de las mujeres, puesto que, erróneamente, este es el método más recurrente por parte de las instituciones clandestinas que se dedican a realizar dicha práctica”.
El legislador Norberto Martínez dejó claro que su iniciativa se constituye a la luz de un elemento esencial del Estado de Derecho referente al reconocimiento y protección máxima de derechos y libertades, considerando al Poder Legislativo como una Soberanía fuente material del derecho, ajeno a prejuicios y creencias externas.
La intención es permitir que cuando una mujer, dentro de las doce primeras semanas de embarazo, decida y manifieste su voluntad de interrumpir su embarazo, no sea criminalizada.
“Con base en información documental y estadística, los riesgos inminentes y consecuencias, incluso mortales, que representa la realización de un aborto clandestino, mismos que se reducen en la medida que se elevan los costos, es decir, la mujer que tiene mayores posibilidades económicas corre menor riesgo que la que no cuenta con dichos medios, aunado a que las clínicas que practican abortos clandestinos, están presentes ante una sociedad que opta por invisibilizarlas”.
Martínez Soto subrayó, que la propuesta también protege a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violencia sexual, del odio y la agresión, puesto que procura un acceso más eficaz y oportuno a una atención integral, asimismo, recula la clandestinidad de instituciones médicas que lucran con la salud y vida de las mujeres.
“Las familias que se encuentran en mayor grado de marginación son las víctimas de embarazos no deseados recurrentes, por lo que se deben respetar los derechos de las mujeres a decidir el número y espaciamiento de los hijos que deseen tener lo cual es consagrado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna”.
Puntualizó que esta iniciativa de reforma no es promover o considerar la irrupción legal del embarazo como un método anticonceptivo emergente, lo que se busca es brindar una alternativa digna y responsable a las mujeres que deseen hacer uso de dicha práctica cumpliendo la condicionante de temporalidad.
