Por IGNACIO HURTADO GÓMEZ*
Pasan los años, y es evidente que más allá de una percepción, el tema de la seguridad sigue siendo uno de nuestros principales problemas. Con independencia de quién haya comenzado, que si se pateó el avispero, que si tenemos estrategia o no, que si lo resolvemos con abrazos o balazos, que si es culpa del pasado, que si es multifactorial.
Que si es un tema de dinero, que si se alimenta con la impunidad, que si hay colusión gubernamental, que ha roto con el tejido social, que se requiere coordinación gubernamental, que la culpa es de los consumidores, que ya no solo somos productores, que solamente se hacen daño entre ellos, o como quiera vérsele, el hecho es que, todos los días duele. Y duele mucho.
Como sea, el hecho es que bien valdría comenzar a mirar las cosas un poco distinto, y tal vez sea tiempo de comenzar a generar una visión más ciudadana del asunto. Y a partir de ello procurar ver las cosas desde otra perspectiva.
En ese sentido, hace días escuchaba algunas entrevistas con víctimas que por azares del destino se han transformado en líderes sociales.
Ciertamente, recordaba uno de ellos el origen de las instituciones como garantes de los derechos humanos a la vida, libertad y a la propiedad. Me hizo recordar aquellas teorías del contractualismo que planteaban en su esencia que, cuando los hombres “primitivos” perdieron esos derechos, fue cuando se vieron en la necesidad de crear ese famoso “pacto social” mediante el cual nacieron las instituciones que a su vez protegieran esos derechos, es decir, las instituciones nacen con un objetivo central, proteger los derechos de las personas.
Por eso, en el caso mexicano, desde la Constitución de Apatzingán se decía que el fin último de las instituciones políticas es la felicidad del pueblo, a través del respeto a sus derechos fundamentales.
Pero, qué pasa cuando esas instituciones no cumplen. Ahí es en donde entra una ciudadanía activa, como decía una de las víctimas. Vigilando a sus autoridades. Igualmente me hizo recordar que hace muchos años, en el siglo XIX, los jefes de policía y sus fiscales eran electos popularmente. Tal vez con ello, se generaba un vínculo más directo entre la autoridad y la ciudadanía.
Por eso insistía esta persona. Es necesario contar con herramientas prácticas que permitan llamar a cuentas a las autoridades, pues ellas, por voluntad del pueblo, son las que tienen el monopolio de la justicia y de la fuerza, y son ellas las que deben ejercer ese poder público en beneficio de la sociedad.
Ciertamente no es un tema sencillo, particularmente porque en mucho, los espacios públicos se han eliminado. No hay mucho margen de maniobra para la ciudadanía. Menos para la autoridad. Las nuevas culturas, los medios, las comunicaciones, las redes sociales y todo el entorno cultural, social y económico que hoy nos cobija, tampoco ayuda mucho.
Pero lo que al final del día tenemos que reconocer es que, en todo este relajo, todos somos responsable de este desastre. Algunos por acción, y otros por omisión. Pero somos todos.
Es por eso que, mientras por un lado no fortalezcamos a nuestras instituciones, mientras no generemos esquemas de mayor exigencia y rendición de cuentas, mientras la ciudadanía no cambie su cultura cívica hacía una mayor legalidad, y mientras que no asumamos entre todos que todos somos responsables de este desastre, difícilmente las cosas podrán mejorar. Esto ya no es un tema de gobiernos de izquierda o de derecho, tampoco de ideologías, ni de los de antes, ni de los de ahora, no es un tema de chairos o fifís. Simplemente es un tema de “Estado” que requiere soluciones de “Estado”. Esperemos a las “Estadistas” que así lo entiendan. Al tiempo.
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* Ignacio Hurtado Gómez. Es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde ejerce también la docencia. Ha sido asesor del IFE (ahora INE); ex magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.
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