La Página
Morelia, Michoacán.- En reunión de trabajo virtual con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez y la Conferencia Nacional de Gobernadores, el titular del Poder Ejecutivo en Michoacán, Silvano Aureoles Conejo propuso reformar la Ley de Disciplina Financiera para hacer frente a la contingencia epidemiológica y los efectos que traerá en materia económica.
“En Michoacán llevamos hasta el momento mil 730 millones de pesos gastados en la contingencia, lo que esta reforma a la Ley permitiría es restructurar o refinanciar la deuda de las entidades para mejorar las condiciones financieras, en el caso de la contingencia sanitaria”, indicó Aureoles Conejo.
Con la propuesta, el gobernador incluyó también modificaciones para el refinanciamiento del saldo de la deuda de corto plazo hasta por 20 años, ante una contingencia epidemiológica o desastre natural declarado.
Así como una transferencia inmediata del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) a Estados y Municipios, ante una reducción de las participaciones federales transferidas mes por mes y no de forma trimestral como ocurre actualmente.
“En este momento se requiere de gastos extraordinarios para ayudar a subsanar los costos que hemos tenido, para reactivar la economía en los estados y evitar que más personas pierdan sus empleos”, precisó.
Con dicha reforma, los Estados y Municipios podrían restructurar o refinanciar su deuda pública sin la autorización del Congreso Local, únicamente con el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre que no represente la contratación de más deuda, aclaró el gobernador.
Además, Aureoles Conejo comentó que los estados necesitan apoyo para que cuando soliciten adelanto de participaciones federales se puedan diferir a un plazo de pago de 24 meses y sin cobro de intereses.
Con relación a la autorización para contratar deuda y crear el “Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias” por un monto de 180 mil 733 millones de pesos, Silvano Aureoles pidió dar a conocer a los Estados y Municipios, las reglas de distribución y acceso al mismo.
