Por MARIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ DURÁN*
Hace unos días nos enteramos, a través de las redes sociales de los periodistas nacionales, que el equipo de fútbol Monarcas Morelia, propiedad de Grupo Salinas, sería trasladado al estado de Sinaloa para convertirse en Mazatlán F.C.. La noticia generó molestia entre los aficionados y abrió nuevamente el debate sobre la injerencia del gobierno en este tipo de empresas.
A nivel mundial existen diversos modelos de organización y propiedad de las ligas de fútbol e incluso varios países cuentan con legislaciones que reconocen al fútbol como una actividad de interés público –en Argentina, por ejemplo, los partidos de la selección mayor son considerados de “interés relevante”, por lo que deben ser transmitidos en directo y de forma gratuita- pero en México la liga de fútbol se maneja de forma totalmente discrecional, lo que genera, entre otras cosas, la llamada multipropiedad, es decir, que varios clubes pertenezcan a un solo dueño.
El equipo Monarcas Morelia pertenece a Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, el segundo hombre más rico de México, cuya fortuna asciende, según la revista Forbes, a 11, 700 millones de dólares. Es decir, el equipo solo es uno de los tantos negocios -quizá el menos importante si lo comparamos con sus negocios en telecomunicaciones y bursátiles- para el empresario que se ha caracterizado por sus declaraciones y acciones polémicas durante la pandemia, lo que ha puesto en peligro la salud de sus trabajadores y de la población en general.
Morelia, a pesar de contar con una larga tradición futbolística, al parecer se quedará momentáneamente sin equipo de fútbol de “primera división” o en la llamada Liga MX, porque el propietario de Monarcas decidió venderlo a empresarios del estado de Sinaloa que cuentan con total respaldo del gobierno de Quirino Ordaz y aquí es donde resurge el debate sobre hasta dónde deben intervenir los gobiernos locales.
Monarcas Morelia contaba, desde hace tres lustros, con el respaldo del gobierno estatal que destinaba alrededor de 50 millones de pesos anuales al equipo -sin olvidar que el estadio Morelos es propiedad del gobierno del estado- mientras que el Ayuntamiento de Morelia aportaba alrededor de 3.6 millones de pesos por concepto de publicidad. Pero querían más y el gobierno de Sinaloa estuvo dispuesto a abrir la cartera.
Hace dos años, el expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Decio de María había declarado que rechazarían el dinero proveniente de los gobiernos porque representaba una competencia desleal para algunos clubes que no contaban con ese respaldo; en ese entonces declaraba: “El futbol profesional es de empresas privadas, de inversionistas privados. Y uno de los capítulos que se trata de regular de una forma clara y transparente es tener reglas iguales para todos. En ese sentido, creo que si el deporte profesional es un negocio de inversionistas privados, deben ser los propios privados quienes generes sus recursos para desarrollar el proyecto. Hay algunas situaciones en donde gobiernos le han invertido a ciertos equipos y eso no es fair play, porque hay otros que no tienen esa misma posibilidad. Ese es uno de los capítulos que el Comité de Desarrollo Deportivo está trabajando”.
Quizá sea tiempo de retomar esa discusión para determinar con claridad si los gobiernos deben destinar recursos públicos a los equipos profesionales de fútbol, en vez de orientarlos al desarrollo de la cultura física y el deporte como lo mandata la legislación nacional. Sin embargo, a favor, existen argumentos para hacerlo, hay muchos y muy sólidos, tanto económica como socialmente pero entonces deberían proteger de alguna forma la permanencia de esos clubes que representan a la ciudad o al estado.
Po lo pronto, algunas propuestas para que Morelia cuente con un equipo de fútbol en la Liga MX siguen la misma fórmula que critican y que los afectó: comprar una franquicia y traerla a la capital michoacana. La diferencia sería que los propietarios serían empresarios locales o vinculados con los colores del equipo pero Don Dinero al final siempre tiene la última palabra en esto que han definido como lo más importante de las cosas menos importantes.
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*Mario Alejandro Hernández Durán. Es licenciado en Periodismo y Licenciado en Derecho. Maestro en Derecho de la Información y doctorante en Derecho. Tiene 25 años de experiencia en medios de comunicación. Fue director de la Facultad de Periodismo de la UDEM; coordinador de Comunicación Social en el Congreso del Estado; subdirector de Radio en el SMRyTV; además de académico en diversas universidades.
Para una comunicación directa: mariohernandezduran.mhd@gmail.com Twitter @Mariohdezduran
