La Página
Por PATY TORRES
Morelia, Michoacán.- Al manifestarse en contra del dictamen de Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán, ciudadanos, académicos y organizaciones ambientales solicitaron “una ley que obligue al estado asegurar un desarrollo territorial integral para Michoacán en el campo y la ciudad, con perspectiva sustentable, popular y democrática, con orientación a la restauración y conservación ecológica, sin fines de lucro y sin la intervención de empresas privadas”.
Esta ley que se pretende aprobar en el congreso estatal, consideran va en retroceso en el cuidado del medio ambiente “ya que es una lesiva iniciativa enviada por el gobernador Silvano Aureoles, que mercantiliza y privatiza la naturaleza y promueve la devastación ambiental al flexibilizar los instrumentos de protección y simplificar la complejidad ambiental a una cuestión monetaria…de nueva cuenta, Silvano Aureoles Conejo gobierna a favor del gran capital y en contra del pueblo michoacano, en esta ocasión con el apoyo de las y los legisladores”.
Consideraron que dicha legislación “carece del soporte de diagnósticos científicos y técnicos, con dimensión integral y regional, de las problemáticas ecológicas y ambientales que se pretenden legislar…el documento se limita a citar cifras globales y aspectos generales del deterioro e ignora las demandas de decenas de organizaciones ambientalistas y las más de cien recomendaciones puntuales y detalladas que el Consejo Estatal de Ecología (Coeeco) ha realizado a las autoridades estatales desde hace dos décadas”.
Los puntos más cuestionables de este dictamen, están: permite al sector privado administrar las Áreas Naturales Protegidas (ANP`s), lo que conlleva a que los bienes naturales se privaticen ante una supuesta causa ambiental; no incluye la prohibición del uso de los cañones antigranizo, lo que afecta las condiciones climáticas locales en cantidad y frecuencia de lluvias y por ende actividades esenciales como la agricultura.
Igualmente, citaron que en esta ‘nueva’ ley se establece la verificación vehicular como obligatoria en Michoacán con fines recaudatorios, más que como una solución a los problemas ambientales; el establecimiento de un Fondo ambiental, es un mecanismo discrecional para la captación de recursos públicos y privados con fines difusos en materia ambiental y sin participación ni vigilancia de los afectados ambientales o actores clave de la conservación ecológica “esto conlleva a la simulación de que hay cuidado ambiental y abre la posibilidad de un mercado”
La creación del seguro ambiental y garantía financiera, se establece como un instrumento económico para que los responsables de la devastación ambiental continúen realizando sus actividades y proyectos a través de una compensación económica por el daño a los ecosistemas y entorno ambiental “es una forma velada de autorizar el daño ambiental”
Elimina el instrumento de la Educación Ambiental, exenta a las botellas de refrescos y empaques de comida chatarra dentro de la prohibición de plásticos de un solo uso; mantiene el otorgamiento de permisos, licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetaren la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en Áreas Naturales Protegidas (ANP´s), son otras de las irregularidades detectadas por los expertos.
