La Página
Por PATY TORRES
Morelia, Michoacán.- “Demandamos a las autoridades educativas del estado revisar el proceso de selección y verificar los exámenes aplicados, revisar cada uno de los exámenes aplicados, investigar y deslindar responsabilidades de las personas presuntamente involucradas en estos actos de corrupción, justicia y resarcimiento del daño para los aspirantes que se encontrarían en desventaja, en caso de comprobarse la veracidad de estos hechos”.
Lo anterior es el pronunciamiento que harán ante las autoridades gubernamentales y educativas el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y la asociación civil Mexicanos Primero, quienes añaden “en caso de encontrar elementos suficientes, anular dicha evaluación y realizar una nueva, con medidas necesarias que deberán incluir un comité de supervisión y vigilancia del proceso.
Los integrantes del CPC encabezados por la jurista Elvia Higuera Pérez y Horacio Erick Avilés Martínez, en este documento señalan que “la corrupción en los sistemas educativos, ha quedado demostrado, tiene efectos nocivos conforme a los indicadores que se han formulado para medir la calidad, eficiencia y eficacia en la educación en México, traduciéndose en deficiencias en las y los estudiantes y la falta de acceso para ejercer plenamente su derecho a la educación consagrado en la Constitución Política del país”.
Igualmente “vulnera la equidad y la mejora académica; por ello obtener en la educación máximos niveles de transparencia y rendición de cuentas, son elementos determinantes para lograr que las personas puedan acceder de manera plena a oportunidades que incidan en su bienestar y mejor calidad de vida”.
“La exigencia de que sean las áreas rectoras de educación las responsables de garantizar que quienes están en las aulas cuenten con la mejor formación académica, ética y cívica para que garanticen una enseñanza de calidad, con principios y valores, debe ser una tarea impostergable para propiciar en nuestras escuelas un ambiente para la transformación social y los cambios de fondo que necesitamos como país y estado, urge transitar a una sociedad justa, corresponsable y equitativa”, puntualizaron.
De allí que resaltan “evitar la corrupción desde nuestro sistema educativo y en la selección de quienes será el personal docente como responsables de educar a nuestros hijos e hijas, debe ser una prioridad en cualquier gobierno, garantizando procesos de selección del ingreso a nuestras normales transparentes, confiables y pulcros, pues es la educación la herramienta más valiosa para la transformación de sociedades y el fomento de valores que caminen hacia una cultura de la legalidad”.
