La Página
Por PATY TORRES
Morelia, Michoacán.- De autoritario y regresivo considera el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma el ‘nuevo’ dictamen de la que nombraron Ley Anti-Ambiental de Aureoles–Salas “la comisión de medio ambiente del congreso del estado, presidida por la diputada morenista Mayela Salas, está a punto de dar un albazo legislativo con el dictamen”.
Debido a que estiman que el dictamen se fraguó a puerta cerrada en un proceso opaco y plagado de autoritarismo, exigen al congreso y al gobierno estatal que presenten los documentos y propuestas generadas por la ciudadanía en los foros de consulta realizados. Igualmente exigen desechar inmediatamente esta iniciativa anti-ambiental y convocar a una consulta ciudadana verdaderamente democrática y participativa, donde se consideren a todas y todos para garantizar el derecho a un medio ambiente sano en Michoacán
En una rueda de prensa virtual, ambientalistas advierten que el dictamen de esta ley “se caracteriza por tener una dedicatoria a favor de grupos de poder fáctico en un contexto electoral, además de ser profundamente lesivo, regresivo y agresivo contra los derechos sociales, autoritario y dañino para los ecosistemas michoacanos”.
Aseguran que la iniciativa vulnera derechos fundamentales como el derecho humano a un ambiente sano, el derecho a la consulta y el principio de progresividad. “la iniciativa persiste en la privatización del medio ambiente, la desprotección de las áreas naturales protegidas y excluye al pueblo de conocer, debatir, rechazar o en su caso incorporar observaciones a las manifestaciones de impacto ambiental”.
Catalogan igualmente el dictamen de regresivo porque privilegia medidas recaudatorias a costa de los derechos sociales, la aplicación del principio de “el que afecta paga” permite a la agroindustria de aguacate y berries el uso de tecnologías destructivas como las mega ollas de agua y los agrotóxicos “los daños de estas técnicas no pueden ser mitigados por lo que deberían ser estrictamente prohibidas”.
Citan que el propósito recaudatorio de la iniciativa queda exhibido sin lugar a dudas en la fracción III del artículo tercero: “…hacer compatible la generación de beneficios económicos con la conservación de los ecosistemas…” abriendo así la puerta a la explotación indiscriminada. Así, considera instrumentos recaudatorios como la verificación vehicular, pago de seguros, pago por servicios ambientales, contribuciones por emisiones de gases de efecto invernadero, que se constituirán en el Fondo Ambiental del Estado, pero, sin aclarar cómo será administrado.
Los ecologistas lamentan la prisa por sacar este dictamen en forma fast-track que continúa vulnerando gravemente a la población michoacana al impedirles su derecho de participación en el diseño de los programas de ordenamiento; en las participaciones del proceso de las manifestaciones de impacto ambiental niega el derecho a la información e interpelación sobre los proyectos en cuestión; para las reformas en ambos casos, participación en MIAs y Ordenamientos, se viola el principio de progresividad, de aumentar derechos, entre otras irregularidades más.
