La Página
Morelia, Michoacán.- Sobre la corrupción como un reto social, y la administración pública como un punto de equilibrio durante la pandemia, hablaron los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM), en el marco del III Congreso Internacional de Derecho Fiscal, Anticorrupción y Prevención de Lavado de Dinero, que se llevó a cabo en plataforma digital.
El magistrado presidente del Tribunal, Sergio Mecino Morales, expuso sobre “el “Sistema Estatal Anticorrupción y el Procedimiento Administrativo Sancionador” haciendo un recuento sobre la construcción del andamiaje jurídico que dio origen a una política pública de combate a la corrupción, por primera vez en nuestro país.
Si bien desde 1982 hay antecedentes normativos sobre dicha materia, este andamiaje –dijo– comenzó a construirse en 2015 con una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que su vez derivaron en reformas a las Constituciones y leyes de las entidades federativas.
En Michoacán, “se ha cumplido en tiempo y forma con esta encomienda”, informó. Desde el año 2018 se cuenta, por ejemplo, con magistrados especializados en el combate a la corrupción, con un fiscal también especializado, y con una Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que es el único organismo público descentralizado que no preside el titular del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, es tal el fenómeno, que es “necesario que todos participen; hay que denunciar, más allá de las redes sociales, los actos de corrupción que involucran a las autoridades y los particulares. Depende de toda la sociedad cambiar nuestro estado y nuestro país”, afirmó el magistrado, quien además, es titular de la Quinta Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del TJAM.
Por otra parte, el magistrado Rafael Rosales Coria, a su vez titular de la Cuarta Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal, expuso: “La eficacia de la Administración Pública en tiempos de pandemia”, ante la comunidad académica y jurídica que asistió a esta actividad por vía virtual.
Así, señaló que el concepto de administración es inherente al ser humano y ha estado presente desde las sociedades primitivas, como un elemento necesario para la vida en común y la sobrevivencia.
En las sociedades actuales, “la administración pública se apoya en toda la infraestructura del Estado, y desempeña un papel dinámico, porque participa en todo tiempo y espacio de la vida social”, explicó el magistrado.
Ahora bien, en tiempos como los actuales, la administración, y quienes la ejercen, deben ceñirse aún más a principios como la ética, la cortesía y transparencia, pues “la pandemia ha puesto en riesgo el estado de derecho”, e incluso puede propiciar mayores actos de corrupción, dada la emergencia, alertó.
“En México y en el estado, todos quienes integran la administración pública estamos obligados a respetar el principio de legalidad para enfrentar la pandemia, una realidad que no conocíamos y de la que nadie sabe cuándo terminará”, expresó el magistrado Rosales Coria.
Este III Congreso Internacional fue convocado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; así como por el Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C.
