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Magistrada Lizett Puebla presidirá Comisión para Igualdad de Género

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Morelia, Michoacán. Por voto unánime del Pleno la doctora Lizett Puebla Solórzano, magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria, presidirá desde hoy la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM).


La designación se dio esta mañana en el marco de la sesión jurisdiccional y administrativa ordinaria del Pleno, y fue celebrada por los magistrados integrantes.


El magistrado presidente, J. Jesús Sierra Arias, destacó que previamente esta Comisión ha promovido un cuestionario entre el personal del Tribunal, para dar seguimiento a la implementación del Pacto Nacional por la Justicia de Género, al que se ha adherido el TJAM.


Dicho pacto tiene como antecedente mayor la reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos, y fue signado vía convenio por el TJAM y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) en diciembre de 2017, a fin de hacer válido el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación.


En síntesis, establece que todas las instituciones de impartición de justicia en México están obligadas a “garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales y hacer efectivo el principio de igualdad” para todas las personas, sin distinción de género, edad u otros.


Este Tribunal abraza tales principios y de ahí la importancia de impulsar la Comisión, ya que uno de sus objetivos más importantes es, precisamente, cumplir con los cometidos del Pacto.


Se busca, así, “entablar una comunicación interinstitucional entre los Tribunales del país, a fin de todos impulsemos acciones para garantizar la equidad de género en la impartición de justicia, por lo que estaremos muy atentas realizando acciones para promover sus contenidos en este Tribunal”, expuso la magistrada Puebla Solórzano, tras agradecer la designación hecha por sus pares.


La Comisión para la Igualdad de Género está integrada, además, por las titulares de las Secretarías, Coordinaciones y áreas de apoyo del TJAM, el cual por cierto, tiene una presencia femenina importante (del 47.4%).

Ejecución de sentencias
Por otra parte, en la misma sesión ordinaria el Pleno aprobó por unanimidad tres asuntos de carácter jurisdiccional, presentados por las Salas, Segunda Administrativa Ordinaria y Quinta Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas.


En los primeros casos se trató de un recurso de Queja, declarado como improcedente por la magistrada con base en criterios de ejecución de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo que se requerirá definitivamente la calificación del juez de primera instancia para conocer los motivos de la Queja.


Se trata del segundo asunto que se concluye en este sentido, por lo que se incorporará a los antecedentes del TJAM en esta materia. Otro asunto fue una excitativa de justicia derivada de un recurso de reconsideración de 2021, que fue declarada sin materia.
El tercer asunto fue un Recurso de Reclamación contra un Acuerdo de Admisión de Pruebas, derivado de un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, que se declaró como infundado.

Solvencia presupuestal
En el rubro administrativo, el Pleno aprobó este día una solicitud de modificación presupuestal presentada por la Secretaría Administrativa, a fin de ajustar el gasto disponible para hacer frente a las necesidades del TJAM sin menoscabo del funcionamiento de sus áreas sustantivas.


Hablamos de un ajuste del gasto, que resulta “necesario dado que no contamos con aumento presupuestal este año 2022”, pero debemos cumplir con nuestras obligaciones financieras y fiscales, que se han visto incrementadas por motivos como el aumento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), ejemplificó el magistrado presidente.


Entre otros varios asuntos tratados en la sesión de esta mañana, la magistrada y magistrados también conocieron una Relación de Asuntos en Ejecución del Pleno y su estado procesal, la cual forma parte de un proceso mayor para garantizar la ejecución de sentencias de este órgano jurisdiccional.

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