Por ROSMI BONILLA UREÑA*
No avanzamos en la ¿ausencia? de corrupción
“Más que a nada, le temo a la orfandad de la Ética”
Marcela Serrano
Aunque Michoacán avanzó una posición en el ranking nacional del Índice de Estado de Derecho, el promedio de cumplimiento no supera la calificación de 4 puntos de 10, es decir, nos mantenemos reprobados en límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal (8 factores).
En esta entrega, vamos a repasar cómo le fue a Michoacán en cuanto al combate a la corrupción. Lamentablemente, el panorama no es halagüeño.
Michoacán fue uno de los 16 estados que presentó retrocesos en cuanto al combate a la corrupción pues pasó de un puntaje de 3.5 de 10 en 2021 a 3.4 en el reporte de 2022 y se mantuvo en la posición 19 del ranking nacional. Eso quiere decir que Michoacán es el estado número 13 con mayor corrupción. La medición de Michoacán está disponible en: https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2022/05/1_WJP_IEDMX_Digital.pdf
En cuanto a la ausencia de corrupción, el Índice mide el uso del poder público en los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial locales, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia para obtener beneficios privados y considera tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas, y la apropiación indebida de recursos públicos.
En el reporte, cuando se refiere a la ausencia de corrupción en el poder ejecutivo, Michoacán obtuvo 3.3 de 10 puntos y la medición consiste en saber si las personas servidoras públicas del poder ejecutivo estatal incurrieron o no en actos de corrupción, si malversaron fondos públicos y si hubo transparencia en las licitaciones.
La ausencia de corrupción en el Poder Judicial pretende medir si juezas, jueces y personas servidoras públicas del poder judicial se abstubieron de solicitar y aceptar sobornos para cumplir con sus deberes o acelerar procesos, y si el poder judicial estuvo libre de influencias indebidas por parte del gobierno, de intereses privados o de organizaciones delictivas para favorecer a alguna de las partes. En este sub-factor el estado obtuvo 4.4 puntos de 10. Es el poder con mayor puntaje.
En cuanto a la ausencia de corrupción en los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, Michoacán obtuvo 4.2 puntos de 10 y se midió si las personas servidoras públicas de este sector no abusaron de sus funciones para obtener beneficios privados, si se abstubieron de solicitar y aceptar sobornos, y si estuvieron libres de influencias indebidas por parte de intereses privados o de organizaciones delictivas.
Y finalmente, en cuanto al Poder Legislativo se buscó conocer si las personas servidoras públicas del poder legislativo no solcitaron o aceptaron sobornos o cualquier incentivo a cambio de favores políticos, iniciativas legislativas o el sentido de su voto en otras decisiones. Aquí Michoacán obtuvo 3.1 puntos de 10. Es el poder con menor puntaje.
Como vemos, en cuanto a la Ausencia de Corrupción, el Índice de Estado de Derecho no mide acciones correctivas (cuántos servidores o ex servidores han sido sancionados) ni políticas públicas (no las hay porque la Política Estatal Anticorrupción no ha sido aprobada por el Comité Coordinador del Sistema) sino las conductas y comportamientos de las personas servidoras públicas. No está de más aclarar que estas conductas podrían ser monitoreadas y medidas se aprobarse la propuesta de Política Anticorrupción que elaboró el Comité de Participación Ciudadana y que se puede consultar en: http://cpcmichoacan.org/wp-content/uploads/2021/04/3.1-Proyecto-Politica-Publica-1.pdf .
Por otro lado, el año de revisión fue un año complicado porque hubo cambio de gobierno y, por tanto, cambio de personas servidoras públicas en el ejecutivo, legislativo y áreas de seguridad. Este comentario no otorga más que el beneficio de la duda: vamos a ver si los nuevos servidores de los michoacanos, sí dan el ancho.
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*Rosmi Bonilla Ureña. Es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UVAQ. Con experiencia en medios de comunicación y órganos electorales. Expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
