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Se contradicen SEGOB y FGE en caso de Roberto Toledo; ¿era o no considerado periodista?

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Por VERÓNICA TORRES MEDRANO

Morelia, Michoacán.- Mientras el Gobierno Federal aseguró que Roberto Toledo, asesinado el pasado 31 de enero y colaborador en Monitor Michoacán, no era periodista, sino abogado, la Fiscalía General del Estado (FGE) contradice la información.

Por un lado, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) únicamente considera 5 asesinatos a periodistas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a Roberto Toledo, y de acuerdo al subsecretario de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, la información recabada por actuaciones ministeriales y de familiares, “aclararon la principal actividad de su victimado” y era auxiliar de un despacho de abogados.

Sin embargo, durante el Diálogo Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el fiscal Especializado en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de la FGE, Mario Alberto García Herrera, indicó que dentro de sus investigaciones se consideró a Roberto Toledo como periodista, por lo que su familia se encuentra dentro del mecanismo de protección estatal tras su asesinato, el cual se encuentra impune.

Esto, se contradice con las declaraciones del titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB, Enrique Irazoque Palazuelos, al precisar que el determinar la profesión de los victimado y ver si entran o no como periodistas, es mediante la información que proporcionan las instancias de procuración de justicia.

Por lo que reitero que Roberto Toledo no es considerado periodista, sino abogado, motivo por el cual no está en la estadística de periodistas asesinados.

Roberto Toledo era periodista y colaborador de Monitor Michoacán. En el medio de comunicación hizo publicaciones distintas, principalmente en materia de seguridad. Hoy, el medio digital fue cerrado, debido a que al menos dos colaboradores fueron amenazados tras el asesinato del director general, Armando Linares López, quien denunció las amenazas en meses atrás y no se atendió por parte de las autoridades.

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