“¿Todos parejos?”
Por Santiago Galicia Rojon Serrallonga.
Si alguien, en México, deposita cierta cantidad de dinero en efectivo o compra una casa o un automóvil de determinado valor, antigüedades o joyas, de inmediato captará la atención de las autoridades federales y se convertirá en sospechoso de evasión fiscal o lavado de dinero.
La urgencia de captar recursos económicos por parte de la Federación, junto con una errónea política de combate a la delincuencia, ha lastimado a la sociedad al grado de que todos, en este país, somos sospechosos de engañar al Fisco o de ilícitos como el tráfico de drogas.
Independientemente de lo cuestionable que resultan las políticas fiscales, derivadas de las mal llamadas reformas estructurales, uno, como ciudadano, se pregunta las razones por las que la justicia no aplica igual para todos, es decir se ejerce el peso de la ley sobre cualquier persona de la que se presume, por el hecho de realizar un gran depósito en efectivo o una compra, que se encuentra fuera de la legalidad, mientras funcionarios públicos y políticos derrochan el dinero, adquieren grandes residencias y autos de lujo, viajan al extranjero y a los centros vacacionales más caros y comen en restaurantes elegantes, sin que autoridad alguna los supervise y menos aún los sancione.
Cuando por alguna causa las autoridades aprehenden y exhiben en los medios de comunicación a algún funcionario público o político por fraude, por desfalco a las arcas, se le castiga con pagos irrisorios y una vez libre, vuelve a disfrutar los beneficios de su dudosa fortuna. Lo peor que le puede pasar es que lo encarcelen, pero no congelan sus cuentas y embargan sus propiedades, generalmente a nombre de familiares y personas de su confianza.
El asunto relacionado con la casa blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, también ha puesto a Televisa, una vez más, en entredicho, ya que si otorga recursos millonarios por contratos de exclusividad a sus artistas, habría que investigar lo que declara al Fisco por concepto de ingresos y lo que realmente paga.
De igual manera, esos actores, cantantes, conductores, futbolistas y personajes tan afortunados en un país donde millones coexisten en la miseria, tendrían que ser investigados y comprobar, a través de sus declaraciones anuales y otros documentos, si en verdad pagan impuestos de acuerdo con sus envidiables percepciones.
No es posible que millones de mexicanos que diariamente trabajan o exponen sus inversiones en la generación de empleos e impuestos, reciban tratos de delincuentes y sospechosos, cuando otra clase, la de los políticos, la de la élite del poder, viva con grandes privilegios en un país que gradualmente se desmorona.
Realmente es una ofensa para los mexicanos que funcionarios públicos y políticos construyan mansiones lujosas, adquieran vehículos elegantes y se dediquen a consumir en restaurantes y a viajar a destinos caros, cuando en este país hay quienes mueren por falta de un medicamento o de plano no tienen dinero ni para satisfacer sus necesidades básicas.
México no necesita multimillonarios ostentosos, cuyos ingresos por concepto de un cargo público o político, por más altos que sean, no alcanzarían para construir residencias, tener autos de lujo y vivir en niveles superiores a los de aquellos que invierten en la generación de fuentes laborales, impuestos y riqueza.
Si las reformas son estructurales, como aseguran, habría que aplicar las leyes para todos y supervisar que actores, cantantes, funcionarios públicos, políticos y empresas y personajes cercanos a las esferas del poder, comprueben la legalidad de sus ingresos y el correspondiente pago de impuestos porque de no hacerse, entonces el malestar y repudio social continuarán creciendo hasta alcanzar niveles insospechados y peligrosos para la nación. México merece respeto.
