La Página
Por PATY TORRES
Morelia, Michoacán.- Al comparecer virtualmente ante los legisladores integrantes de la comisión de justicia, Adrián Avellaneda Hernández, argumentó que de manera dolosa tanto periodistas como un diputado de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), -sin especificar su nombre-, le atribuyeron estar inhabilitado para ocupar el cargo de consejero del Poder Judicial del Estado. Solo reconoció la suspensión por ocho meses en su cargo, el cual venció hace tres años.
“No quiero convertirme en obstáculo para el nombramiento en el congreso del estado” anunció a la par de separarse de su cargo y la presentación de denuncias que por daño moral le hicieron quienes lo acusaron sin ningún fundamento. Sobre ello, Fermín Bernabé Bahena dijo no compartir con el compareciente las ‘prácticas insanas’, amiguismos personales o tácticas de los diputados para esta elección de la que confía se inclinarán por el mejor perfil.
Es de recordar que, en octubre del 2019, un medio informativo publicó que Avellaneda Hernández, ocupó durante cinco meses el cargo de delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán (Issste), “del que fue cesado por irregularidades financieras y administrativas”.
José Antonio Salas Valencia, presidente de esta comisión anunció que se preguntará a los diputados si tienen algún nombre para ocupar el cargo del consejero del poder judicial y poder ponerlo a consideración de Araceli Saucedo Reyes, Ernesto Núñez Aguilar y Adriana Hernández Iñiguez, ésta última recordó que se registraron para este mismo cargo, Arturo Yépez, identificado con el Partido de la Revolución Democrática y Edward Fernando Arreola, hijo del ex diputado priista y actual presidente municipal de Múgica, Raymundo Arreola Ortega.
Bernabé Bahena, aprovechó esta sesión virtual para solicitar continuar trabajando a fin de que los180 asuntos turnados a esta comisión puedan ser desahogados, no solo de los nombramientos pendientes como son la sexta y octava sala civil; de Javier Alcántar Hernández como contralor interno y la reelección de María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, magistrada de la quinta sala penal y Héctor Octavio Morales Juárez, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado.
