La Página
Morelia, Michoacán.- Debido a que la epidemia por el COVID-19 puso sobre la mesa el añejo problema de la injusta distribución de los recursos con los que disponen estados y municipios para hacer frente a las demandas de la sociedad, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, urgió a una nueva Convención Hacendaria.
“Necesitamos una nueva Convención Hacendaria, justicia en la distribución de los recursos, que se revise y modifique el actual pacto fiscal, y con este mensaje de hoy, quiero reiterarles que no vamos a parar en la defensa de esta causa federalista, porque estamos seguros de que es una causa justa”, puntualizó.
En un mensaje a través de sus redes sociales, el mandatario michoacano resaltó la importancia del tema, para los gobiernos y la sociedad en general, ya que se trata de discutir y acordar el cómo se recuperarán los estados de la peor doble crisis, sanitaria y económica, que ha provocado el COVID-19.
“Esta discusión debe interesarnos a todos, porque de cada peso que genera Michoacán, el gobierno federal sólo le regresa al estado 20 centavos y con eso tiene que arreglárselas para salud, educación, infraestructura, seguridad, servicios, atención a jóvenes, igual de género, cuidado del ambiente, entre otros temas”, recalcó.
El mandatario explicó que, Michoacán, al igual que otras entidades federativas, necesita recursos para reforzar áreas del desarrollo económico y es necesario que el pacto fiscal, que data de hace 40 años, sea congruente con la realidad.
“El reto no es menor y nos obliga a los servidores públicos, desde el presidente de la República, hasta la autoridad local, a abandonar posiciones rígidas. Hoy México enfrenta una de las crisis más graves en su historia y la desigualdad a golpeado a miles de mexicanas y mexicanos que no pueden lavarse las manos por falta de agua o a niños que no pueden seguir estudiando y sufren violencia familiar”, puntualizó.
Finalmente, el Gobernador Silvano Aureoles señaló que, esta defensa trata de los recursos que los ciudadanos aportan por el pago de sus impuestos, con su trabajo y esfuerzo, por lo que la Federación está obligada a regresárselos mediante el mejoramiento de los servicios y atención a sus necesidades en crisis como la del COVID-19.
