La Página
Por VERÓNICA TORRES MEDRANO
Morelia, Michoacán.- Este 2023 ha sido crítico para los activistas defensores de los derechos humanos que atienden casos en la sierra costa michoacana; tres son los casos de aquellos que han sido levantados supuestamente por el crimen organizado.
Este lunes fue encontrado sin vida uno de ellos y quien fuera reportado como desaparecido desde el 1 de abril.
Eustacio Alcalá Díaz, defensor comunitario nahua en San Juan Huitzontla, Chinicuila, fue levantado junto con tres misioneras queretanas el pasado 01 de abril; el párroco del lugar designó al comunero indígena, mejor conocido como “Tacho”, de 66 años, como el chofer y guía de las mujeres quienes buscaban participar en las jornadas de evangelización en la comunidad indígena.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) publicó en sus redes sociales la desaparición de Eustacio Alcalá Díaz, de quien precisó que en 2022 la comunidad ganó un amparo contra dos mineras de la región.
Horas después, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Alfredo Ortega Reyes, confirmó que Tacho fue encontrado sin vida, inclusive, precisó: “Lamentablemente apareció el cuerpo sin vida del chofer y es familiar de una persona ligada a la delincuencia”.
La Red TDT exigió a los gobiernos federal y estatal que inicien las investigaciones adecuadas en donde se vincule la labor de defensa y se garanticen los derechos comunitarios y la integridad del pueblo nahua en San Juan Huitzontla.
Sin embargo, no es el primer caso de desaparición en lo que va del año, principalmente en la región de sierra costa.
Antonio Díaz Valencia, de 71 años, y Ricardo Lagunes Gasca, de 41 años, desaparecieron la noche del domingo 15 de enero, en Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima. Hoy, el caso lo lleva la Fiscalía del estado vecino sin que haya avances del tema.
De acuerdo a sus familiares, los defensores desaparecidos fueron objeto de persecución e intimidaciones en el último año por su activismo social y legal en cuanto a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas por los trabajos de la minería y las acciones delictivas de los grupos del crimen organizado que controlan la región por el constante cobro de piso, tala clandestina de manera y la instalación de retenes en caminos y brechas de la zona serrana costa.
En todos los casos, sin confirmación de las autoridades, se ha dicho que tienen vínculos con el crimen organizado.
Además, otra hipótesis de las investigaciones está relacionadas a la actividad de defensores de derechos humanos a las comunidades indígenas.
