“¡Son unos atascados!”, lanzó el priista David Penchyna entre sonoras carcajadas de los entonces senadores del PAN Salvador Vega Casillas, Javier Lozano Alarcón, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez Servién.
Eran las noches de mediados de diciembre de 2013, en medio de un aparatoso cerco policiaco-militar en las calles aledañas a la sede del Senado de la República.
Era un pedazo de ciudad aparte de la ciudad, una especie de tierra de máxima seguridad en un país ajeno. Nadie entraba, nadie salía.
Por allá, lejos, las tímidas e inocuas protestas de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador (en ese momento en un hospital privado, luego de sufrir un infarto al miocardio), de miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de las organizaciones sociales de siempre, no distraían el festín de los senadores del PRI, PAN y PVEM por estar en la recta final del debate para la aprobación de la reforma constitucional en materia energética del presidente Enrique Peña Nieto.
“De haber sabido que las protestas iban a estar así, hubiéramos privatizado todo el sector energético”, reviró el panista Salvador Vega Casillas, quien fungía como secretario de la Comisión de Energía de la Cámara alta.
Emilio Lozoya y Pedro Joaquín Coldwell, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y secretario de Energía, respectivamente, seguían el debate en el pleno de la Cámara de Senadores desde una oficina del recinto legislativo.
Desde ahí operaban y giraban instrucciones. Tenían línea abierta con Peña Nieto, pero también con el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para “lo que se necesitara”.
La aprobación del ordenamiento, “joya de la corona” del Pacto por México, prácticamente ya estaba amarrada. La mayoría calificada se cumplía con los votos de las bancadas del PRI, del PAN, del PVEM y del Panal. Pero los funcionarios tenían la encomienda directa del presidente de la República de “evitar sorpresas” de último momento.
A casi ocho años de ese controvertido y desaseado proceso legislativo, un exsenador del Acción Nacional –quien ya no pertenece a ese instituto político y que en ese momento fue integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales (y quien además pide el anonimato) relata para Reversos que los “focos de alerta” del gobierno federal estaban en algunos senadores del PRI que “sabían lo que significaba la privatización de la industria petrolera”, pero sobre todo en los senadores del PAN que, “aunque eran los más convencidos de aprobar esa legislación, al final elevaron el costo de su voto y comenzaron a chantajear con el sentido de su sufragio si no se les concedían ciertas peticiones”.
A pesar de que el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, ya había dado su palabra de que ese partido acompañaría la iniciativa de reforma constitucional en materia energética, emanada del Pacto por México, el exsenador comenta que todo se le salió de las manos al líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón; al presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna; al director general de Pemex, Emilio Lozoya, y al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, “cuando diez senadores de Acción Nacional le advierten a los priistas que no votarán a favor de la reforma energética si no se les cumplen algunas peticiones”.
“En ese momento ya no había recato de ninguna parte. Ahí se negociaron gubernaturas. Se trató de una especie de nuevas concertacesiones como las del sexenio de Carlos Salinas de Gortari en Guanajuato y Baja California. No le quedaba de otra al gobierno de Peña Nieto. Estaban las horas contadas para la votación de la reforma constitucional en el pleno y esos votos podían marcar la diferencia”, dice.
Los senadores que se rebelaron en esas horas críticas de la reforma energética, recuerda, fueron Carlos Mendoza Davis, Javier Lozano Alarcón, Mariana Gómez del Campo, Martín Orozco Sandoval, José Rosas Aispuro, Martha Elena García Gómez, Francisco Domínguez Servién, Francisco García Cabeza de Vaca, Fernando Yunes Márquez y Luisa María Calderón Hinojosa.
Ahí, frente a Lozoya Austin, Pedro Joaquín Coldwel y David Penchyna, los panistas advirtieron que se ausentarían de la votación en el pleno del Senado, votarían en abstención o de plano su sufragio sería en contra si no se les garantizaban gubernaturas, alcaldías o más recursos.
Los funcionarios se quedaron helados con la exigencia. Pidieron unas horas para tratarlo directamente con el presidente de la República. En dos horas tuvieron una respuesta. Peña Nieto aceptó con una condición: no se ventilarían actos de corrupción de gobiernos del PRI y se plegarían a cualquier disposición del gobierno federal que compitiera a sus estados.
Así, Mendoza Davis salió con la gubernatura de Baja California en la bolsa. Lozano Alarcón con la promesa de la gubernatura de Puebla, a reserva de lo determinara el mandatario local en aquel momento, Rafael Moreno Valle; y Mariana Gómez del Campo con la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México para su ex pareja sentimental, Jorge Romero.
Además, Martín Orozco Sandoval con el gobierno de Aguascalientes. José Rosas Aispuro con el de Durango. Martha Elena García Gómez con la gubernatura de Nayarit para su hijo, Antonio Echevarría García, hoy mandatario de ese estado. Francisco Domínguez Servién con la gubernatura de Querétaro, y Francisco García Cabeza de Vaca con el gobierno de Tamaulipas.
Fernando Yunes Márquez cumplió la encomienda de su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, para hacerse del gobierno de Veracruz en los comicios de 2016, y a María Luisa Calderón se le prometió otra vía de solución, ya que el presidente ya había comprometido la gubernatura de Michoacán, tras la firma del Pacto por México, para el perredista Silvano Aureoles Conejo, luego de negociar con el entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y con los dirigentes del PRD Jesús Zambrano Grijalva y Jesús Ortega Martínez.
“¡Son unos atascados!”, lanzó David Penchyna cuando se concretó esa negociación con los panistas, recuerda el exsenador de Acción Nacional.
El exsenador panista comenta que también hubo senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que recibieron sobornos por aprobar las reformas del Pacto por México, sobre todo la laboral, telecomunicaciones, de competitividad, de educación y política, pero además por “hacer quórum y simular una oposición a ese ordenamiento en la reforma energética”.
Señala que uno de los más beneficiados fue el hoy gobernador de Puebla y en ese entonces coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, “a quien se le garantizó la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado para el tercer año de ejercicio de la 62 Legislatura”.
Otros de los senadores perredistas que se prestaron a esa simulación –añade—fueron Angélica de la Peña, esposa de Jesús Ortega Martínez; Sofío Ramírez Hernández; Armando Ríos Píter; Isidro Pedraza Chávez; Adolfo Romero Lainas, la petista Martha Palafox Gutiérrez; Luis Sánchez Jiménez, e Iris Vianey Mendoza.
En esos “perversos acuerdos” también se definió el experimento de Nuevo León, con la primera gubernatura “independiente” en la historia del México contemporáneo, luego de que la iniciativa privada, específicamente el Grupo Monterrey y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la mano de Claudio X. González padre, negoció con el gobierno de Peña Nieto su aval a la reforma energética a cambio de esa gubernatura.
La única condición para cerrar el trato por parte del gobierno de Peña Nieto –narra el exsenador del PAN, que pidió el anonimato a Reversos— fue que el candidato fuera un “expriista dócil”.
Se puso sobre la mesa el nombre de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, quien recibió el visto bueno de las cúpula empresarial, además de que planteó un “experimento” para que este político –también con la bandera de ‘independiente’—compitiera en la elección presidencial de 2018 para supuestamente quitarle el voto de los indecisos a Andrés Manuel López Obrador”.
Lo mismo ocurrió con la gubernatura de Quintana Roo –continúa el exlegislador–, donde las dirigencias del PAN y del PRD, al mando de Gustavo Madero Muñoz y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente, negociaron el gobierno de la entidad con la condición de que fuera un expriista, en este caso Carlos Joaquín González, medio hermano del entonces secretario de Energía y cacique de la entidad, Pedro Joaquín Codwell, quien gobernara el estado.
Pero el 4 de marzo de 2015, a cuatro meses de los comicios federales intermedios y de la renovación de 13 gubernaturas, la mayoría de ellas ya pactadas, todo estuvo a punto de venirse abajo, recuerda el exsenador panista.
En medio de las audiencias públicas para la Ley General de Transparencia, el senador del PAN, Javier Corral Jurado, denunció que en el Congreso “se manejan grandes cantidades de dinero de las que no se rinden cuentas y se pagan compensaciones a los legisladores por votar determinadas leyes o ratificar los nombramientos propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto”.
“El Congreso se maneja con dinero; además de la dieta que tenemos los legisladores. Los legisladores recibimos una serie de ‘arremadijos’ que van haciendo una bolsa impresionante de recursos. Incluso se llegan a ganar compensaciones por voto. Recibe uno en sus cuentas bancarias, después se las tienen que andar descargando. ‘Oye, yo no voté la energética, yo voté en contra’. ‘Ah, pues te lo quitamos’. ‘Perfecto’. Porque hasta a mí me andaban sumando una compensación por votar reforma energética, pues ¿qué es eso?”, reveló el exsenador por Chihuahua.
Luego de esas afirmaciones, añade el legislador, “el gobierno federal busca a Javier Corral para ofrecerle la gubernatura de Chihuahua a cambio de su silencio por las tranzas que se hicieron en la reforma energética y en los ordenamientos emanados del Pacto por México. Corral aceptó la propuesta y ahí está ahora, ya casi por cumplir su periodo como gobernador del estado”.
Señala que hoy que empiezan a salir nombres de los políticos que fueron sobornados por funcionarios del gobierno de Peña Nieto para avalar las reformas del Pacto por México, especialmente la energética, “también estos acuerdos para entregar gubernaturas se tienen que conocer para que se vea el tamaño del ‘saqueo a la nación’ que se dio con ese ordenamiento” que –dice— “representó la única encomienda de Peña Nieto en su sexenio, y que fue dictada por sus patrocinadores para que llegara a la Presidencia: la de abrir la industria petrolera a particulares nacionales y extranjeros”.
*Fuente: Reversos/Rivelino Rueda
