Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO
Hay un reclamo ciudadano, un tanto alentado por la postura del Partido en el Gobierno de introducir como un principio del ejercicio de los recursos públicos en lo general, y del ejercicio de las elecciones en lo particular, el principio de Austeridad. Su fundamento básico es el combate a la corrupción. Sin embargo, en principio hay que decir que hay una conseja popular que dice “lo barato puede salir caro”, por lo tanto, no necesariamente la corrupción se combate con Austeridad. Ahora bien, repasemos si hay espacios de oportunidad para cumplir la Austeridad Electoral.
Comenzaremos con aquellas propuestas que ya han sido pronunciadas y concluiremos con otras alternativas:
1. Urna Electrónica. Sin duda la Urna Electrónica que ya de manera experimental el IFE y ahora el INE ha desarrollado y realizado ejercicios vinculantes, es una alternativa para bajar el costo de las elecciones; con las siguientes consideraciones: a. De entrada se podría revisar la pertinencia de 3 escrutadores en las mesas directivas de casilla, ya que su función quedaría automáticamente desahogada con la urna electrónica. Sin embargo, se requerirá la presencia siempre del Presidente y el Secretario, y quizá un Auxiliar que pueda apoyar con la operación del flujo en la casilla.
La disminución de dos funcionarios de casilla, automáticamente disminuiría el requerimiento de alimentos el día de la Jornada Electoral en un 40%; lo que repercutiría también en la diminución de Capacitadores-Asistentes Electorales y Supervisores Electorales, no en la misma dimensión, quizá menos, por las zonas rurales que requieren grandes desplazamientos. b. La Urna Electrónica debe ser un instrumento con conectividad solo en el órgano electoral concentrador de los resultados; no es muy viable que sea en línea por los probables hackeos en la red y las eventuales caídas de sistema, que aún cuando puedan ser breves, resultarían caóticas para la confianza electoral. Además de que no en todo el territorio nacional hay conectividad.
c. Tendría que haber una reingeniería de la construcción de los resultados electorales, ya que la lógica de construcción del resultado electoral requiere de garantías de transparencia en órganos colegiados organizados en función a la representatividad; por ello, debería de haber un mecanismo para descargar la información y los respaldos impresos, de manera que se puedan llevar al órgano competente; asimismo, simplificar PREP, Resultados Preliminares en Consejos Distritales, así como los Cómputos correspondientes; para que sea un solo procedimientos y no varios, de manera que se desarrollen de manera ágil desde el mismo día de la jornada electoral. Todo ello generaría economías importantes. d. La modalidad de la Urna Electrónica posibilitaría la simplificación de elecciones múltiples e inclusive Consultas Populares u otras modalidades similares del ámbito local.
2. Financiamiento Público a los partidos políticos. Este aspecto debe verse en su conjunto tanto en su parte federal como en su parte local. Prefiriendo en primera instancia el aspecto local, donde sería recomendable disminuirlo a la mitad, debido a que la presión del gasto en el ámbito local es mucho mayor que en el ámbito federal (los Congresos de los Estados tienen un margen de maniobra del 6% al 40% del presupuesto local ya que el resto se encuentra etiquetado por presupuesto federal). En todo caso, cualquier disminución del financiamiento debería ir acompañado de un mayor equilibrio de la formula de distribución que actualmente es de 30% igualitario y 70% proporcional a la fuerza electoral en diputaciones en la última elección, para llevarlo a un 50% igualitario y 50% proporcional; con el propósito de no debilitar el sistema de partidos políticos. De no cambiar esta distribución, la reforma de la disminución del financiamiento podría generar condiciones de inequidad en la competencia, por lo que sería deseable mantener las condiciones actuales.
3. Disminución del periodo de las campañas. Ya se ha dado una disminución de 120 días a 90 días de campaña presidencial, sin embargo, prácticamente queda en lo mismo por la existencia de las precampañas; por ello, sería plausible disminuir las campañas presidenciales a 60 días, pero acompañados de un lineamiento en estos mismos 60 días del resto de las elecciones, debido a que tiene un impacto sobre presuntos actos anticipados de campaña y en los tiempos de radio y televisión en materia electoral.
4. Revisión de los candados de la cadena de confianza. Cada uno de los procedimientos y actividades que realizan las autoridades electorales tienen una razón en las peticiones de los partidos políticos para generar confianza; sin embargo puede haber algunos excesos, como las rutas de visita de los capacitadores asistentes electorales que deben notificar al 100% de la ciudadanía insaculada; lo que encarece sustancialmente el trabajo de campo y que no tiene sentido si se requiere ir al 100% de los insaculados. Por el contrario, debería de cada distrito definir su propia ruta de visita con el principio de austeridad aplicado en términos de buscar las estrategias más económicas posibles.
5. Revisión de las redundancias entre INE y Oples. La concurrencia electoral que se ha motivado para que en un mismo periodo se desarrollen elecciones federales y locales ha facilitado la viabilidad de la casilla única que el orden constitucional de 2014 le confirió al INE la ubicación e integración de las casillas únicas, como la propia capacitación de sus integrantes, con efectos federales y locales. Sin embargo, sumar a los Oples en estas actividades genera redundancias innecesarias y que genera costos. Quizá solo haya que generar formulas para que los partidos políticos locales o candidaturas independientes sean escuchados por los órganos competentes.
6. Geografía Electoral. El diseño de la geografía electoral no ha integrado la función del costo financiero; en una geografía como la mexicana con dos sierras madre y múltiples cadenas montañosas hacer prevalecer la teoría clásica que mediante la compacidad geográfica que combate el efecto salamandra, llega a generar unidades distritales complejas que pueden encarecer el costo de la operación electoral. Por lo que debería ser prioritario la función de costo financiero por debajo solo del equilibrio poblacional y de la función indígena.
- David Alejandro Delgado Arroyo. Es vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Michoacán.
