La Página
- Reconoció adeudos ilegalmente, sin que existan elementos suficientes para acreditar la entrega de productos y servicios
Morelia, Michoacán.- Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de finanzas y administración de Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, está siendo investigado por presuntos daños al erario público por más de 30 millones de pesos, informó César Augusto Ocegueda Robledo, consejero jurídico del Gobierno de Michoacán.
Se presume que en 2012 y 2013, el virrey Alfredo Castillo firmó un convenio con la empresa Soriana por 211 millones de pesos, para la entrega de despensas a los elementos de la Policía Federal que llegaron a la entidad junto con él.
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano y el DIF también se incluyeron en el convenio, sin embargo nunca existieron elementos suficientes para determinar que las despensas fueron entregadas a los elementos policiales.
Pese a esto en 2017, Soriana demandó a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano el pago de los 211 millones de pesos, a lo que la Secretaría de Finanzas y Administración encabezada por Maldonado reconoció el adeudo ilegal.
En primera instancia se hizo un pago inicial de 30 millones de pesos y se acordaron también cuatro pagos trimestrales de 50 millones de pesos cada uno.
Sin embargo, el gobierno actual detectó estas irregularidades y acudió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, quien determinó que no existían elementos para reconocer el adeudo hacia Soriana, por lo que se determinó la suspensión de pagos. Soriana decidió ampararse, pero al no haber pruebas del servicio brindado, perdió el amparo judicial el 2 de marzo de 2023.
Por ello, se han iniciado los procedimientos judiciales para recuperar los 30 millones de pesos que fueron entregados a Soriana de forma ilegal. Además, Maldonado presuntamente incurrió en diferentes faltas administrativas, por haber reconocido un adeudo ilegal a Soriana, comprometer un pago sin haber una sentencia judicial que lo avale y haber generado daños al erario público del 2017 para el pago de un adeudo ilegal del 2012 y 2013.
Las investigaciones en su contra continúan y no se descarta que sea llamado a declarar para avanzar en las investigaciones judiciales por presuntas irregularidades durante el gobierno pasado.
