La Página
Morelia; Michoacán, 24 de febrero de 2021.- Con la Reforma a Ley de la Industria Eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se refrenda el compromiso de recuperar la soberanía y seguridad energética nacional, por lo que paralelamente se inicia el desmantelamiento de las mal llamadas reformas estructurales del periodo oscuro neoliberal, que abrió la puerta a empresas extranjeras para el saqueo del país, señaló el Diputado Federal Carlos Torres Piña.
Con la reforma aprobada se fortalece la seguridad en el despacho de energía, se prioriza el interés público para el acceso y la distribución de energía en condiciones menos costosas; asimismo, se eliminan subsidios y políticas de dumping que favorecían a privados y perjudicaban a la CFE, se garantiza la legalidad y rentabilidad de los contratos entre el Estado y los productores independientes y, se termina con la simulación y fraude a la ley.
Con el dictamen aprobado, que se hace sobre la base de la iniciativa preferente que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se evita la simulación, costos bajos de renovables, y especulación en la generación de energía, a través de la modificación en los criterios de despacho que reflejen costos reales.
La CFE provee energía eléctrica a un total 45 millones de clientes y cada año se incorporan un millón de nuevos servicios y su parque de generación está conformado por 192 centrales.
Torres Piña explicó que beneficia a las familias y a las Mipymes, a través de la eliminación del modelo privatizador y reordenando las fuentes de generación de energía eléctrica limpia en condiciones equitativas, fortalece la libre competencia, mantiene las inversiones públicas y privadas que se requieren en este sector.
Se organizan las categorías, conceptos y definiciones de la Ley de la Industria Eléctrica para priorizar el interés público sobre el interés privado y elimina las condiciones asimétricas de competencia en el sector energético.
Puntualizó que el cambio normativo propuesto de ninguna manera implica la concesión de un trato preferencial a la CFE en detrimento de los competidores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Tiene pleno sustento constitucional, está estrechamente relacionado con el ejercicio de las atribuciones inherentes al desarrollo del área estratégica contemplada en el párrafo cuarto del artículo 28 de la Ley Fundamental.
