Por Ignacio Hurtado Gómez *
No es un tema sencillo, mucho menos un asunto menor. Y por ello trataré de decirlo de la forma más clara y objetiva posible.
Para ello partiré de la premisa de que todo Estado democrático debe cumplir con ciertos fines, y para ello requiere de instituciones que le permitan cumplir con sus objetivos. Cada una de ellas cumple funciones centrales de conducción de la vida pública, y a través de algunas se gobierna, y de la mano de otras se administra.
En ese sentido, casi todas las sociedades del mundo cuentan con instituciones para la búsqueda de un bien común, de un bienestar colectivo, o de una justicia social, o como se le quiera decir, es decir, para satisfacer las necesidades más elementales de la sociedad.
Y cuando esas instituciones no tienen la capacidad para satisfacer esas necesidades, entonces las instituciones van perdiendo legitimidad y ello, al tiempo va generando crisis de gobernabilidad.
Todo lo anterior viene a cuento, porque tal pareciera que al día de hoy nuestras instituciones democráticas están sometidas, desde mi perspectiva, a tres discusiones que las vienen a cuestionar de manera importante, y que sin duda, deben ser un incentivo que nos debe mover a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer nuestra vida institucional, y sobre todo la necesidad de cuidarlas. ¿Cuáles son esas situaciones?
La primera tiene que con la percepción que se tiene de ellas, y que no es menor. Cuando en una sociedad la gente deja de confiar en sus instituciones, como decíamos, se pierde credibilidad, legitimidad y ello genera conflictos sociales. Por ello termina siendo más aceptado el tomar justicia por su propia mano que acudir a los órganos de procuración e impartición de justicia.
Cuando se deja de creer en las instituciones que tienen como finalidad hacer cumplir la ley, entonces se prolifera una cultura de ilegalidad. Cuando se tiene la creencia, muchas veces fundada, de que las instituciones no representan los intereses sociales, entonces se deja de creer en ellas y pierden con ello su autoridad como instituciones del Estado.
Y todo ello tiene sustento, por ejemplo, en la encuesta levantada por Mitowsky el año pasado en donde se refleja que la sociedad ciertamente cree más en la iglesia y el ejército, que en los partidos políticos, los diputados, y la policía.
Pero además, llama poderosamente la atención, que incluso hoy día la gente confía más en los medios de comunicación y las redes sociales, con en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y las autoridades electorales.
Hasta en las familias la cosas se pone muy mal cuando los hijos dejan de tener confianza en sus padres, pierden autoridad, legitimidad, y hasta el respeto.
Pero por si fuera poco, también las instituciones están abiertamente expuestas a los embates de los poderes invisibles, de los grupos ilegales que simple y llanamente llegan para desplazarlos en todos los sentidos. Por ejemplo, no hace mucho en el tema tan sensible de la seguridad, en lo personal hacia la reflexión en que el único que puede hacer un uso legal y legítimo de la fuerza es la autoridad constituida, pero que no obstante, en los tiempos complicados que hemos vivido, esa autoridad había sido rebasada por la izquierda y la derecha, cada uno con su propia bandera, pero al final ambos desconocían al Estado, por un lado los grupos de la delincuencia, y por otro, incluso los llamados autodefensas. En ambos casos, la autoridad era desplazada por razones distintas, pero al final del día era desplazada.
Y el tercer aspecto viene de la necesidad de replantear la vida institucional a partir de una nueva visión de Estado. Y en ese sentido surgen reflexiones como, por ejemplo, crear un Tribunal constitucional, o crear una tercer Sala en la Suprema Corte, o cuestionar la eficacia de los órganos autónomos, o centralizar la función electoral, entre otras opciones que se han barajado.
En este punto, no estoy en contra de reajustes, ni de replanteamientos, siempre y cuando se cuide la esencia de las instituciones, su razón de ser, y el papel que les corresponde dentro de nuestro sistema republicano y democrático. Al tiempo.
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- Ignacio Hurtado Gómez. Es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido asesor del IFE (ahora INE) y actualmente es magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.
