La Página/Redacción
Morelia, Michoacán.-Para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) la tortura en todo tiempo y lugar es una aberración humana; ésta práctica se debe erradicar en el país y en el estado, indicó el Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano.
Durante su participación en el evento de Iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura para el Estado de Michoacán convocado por el diputado Eleazar Aparicio Tercero, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) celebró esta iniciativa, la cual, dijo; será un inicio para la armonización con los tratados internacionales “y para que no haya pretexto para aplicar el principio pro persona”.
Durante el evento que se desarrolló en el Salón de Recepciones del Palacio Legislativo, el titular de la CEDH, estableció que esta propuesta legislativa resulta fundamental para los momentos que vive actualmente Michoacán “nos parece que la tortura es un procedimiento nefasto en toda la etapa de la humanidad y no se ha superado”, indicó.
Sostuvo que la costumbre de ocultar las cosas es una mala práctica que también se debe erradicar, porque para solucionar un problema, el primer paso es aceptar que existe “que los encargados de investigar el delito no se erijan en jueces, no son ellos los que deben castigar y menos con métodos de tortura”, señaló.
Desde esa trinchera el Ombudsman en Michoacán lanzó un llamado al Poder Ejecutivo para que las instancias de procuración de justicia se conduzcan con respeto a los derechos humanos y al Poder Judicial para que en el sistema acusatorio adversarial, próximo a aplicarse, el juez de control ejerza su quehacer para vigilar que en ambas partes del proceso se respeten sus derechos humanos.
Durante el acto Silvano Cantú Martínez, coautor de la Ley General de Víctimas y miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, impartió la ponencia “Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura para el Estado de Michoacán”.
Estuvieron presentes el director de la Unidad de Derechos Humanos del gobierno del estado, Ricardo Díaz Ferreyra; Cristina Cortés Carrillo del Colectivo de Organizaciones de Derechos Humanos y Gerardo Herrera Pérez, presidente de Grupo Facto Diversidad Sexual.
