El crimen organizado ya no es el controlador de Michoacán: Alfredo Castillo

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Ciudad de México.-Nadie puede presumir que exista un estado 100% libre del crimen organizado, y mucho menos resolver un problema de inseguridad en tan poco tiempo, como sucede en Michoacán, cuando la inseguridad lleva más de una década sin atenderse.

A casi 11 meses de que Alfredo Castillo Cervantes fue nombrado Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado de Michoacán comenta que día a día hay un esfuerzo por dejar un estado sólido en sus instituciones, que no sólo enfrente un problema de seguridad en el corto tiempo, sino dejar las bases para que en la siguiente administración se continúe trabajando en las instituciones, en las necesidades de los habitantes y el desarrollo de la entidad.

Para el encargado de regresar la paz y la tranquilidad a Michoacán, capturar a Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, líder de la organización criminal de Los Caballeros Templarios, continúa siendo uno de sus principales objetivos; sin embargo, considera que la entidad enfrenta circunstancias más apremiantes para el desarrollo de sus habitantes que deben ser atendidas en coordinación con los tres niveles de gobierno.

El próximo año en el estado habrá elecciones en las que se renovará el Congreso, alcaldías y la gubernatura, en las que se trabaja, revela, para evitar la infiltración del crimen organizado a través de mecanismos de colaboración entre los partidos políticos y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Un tema primordial para Castillo Cervantes es la creación del Mando Único, un cuerpo de seguridad con el que se busca dar una nueva realidad a los habitantes a través de una corporación con sueldos dignos y un plan de crecimiento que se vea reflejado en la seguridad.

A casi un año de que el presidente Enrique Peña Nieto anunció el plan para regresar la paz y la seguridad a Michoacán, ¿la entidad ya no es un narcoestado?

—El crimen organizado como ente controlador o dominador del estado es cosa del pasado. Hoy son las instituciones las que tienen el control y el mando tanto de la procuración de justicia como de la seguridad pública. Lo que sí te puedo decir es, como en cualquier otro lugar, que deben existir personas que a título personal y no institucional se traicionan a sí mismas, a sus familias, a las instituciones y a su país. A lo mejor cometieron algún hecho ilícito, pero eso puede pasar en todo el mundo y nadie puede presumir una estancia 100% limpia, por decirlo así, o 100% inviolable, porque cualquier organización que esté sujeta a la voluntad y al libre albedrío de las personas o de los seres humanos siempre corre ese riesgo.

Lo importante es minimizarlo y llevarlo a su mínima expresión y, sobre todo, crear otro tipo de controles que te permitan evitar este tipo de prácticas. Pero sí te puedo decir que hoy tenemos un gobernador muy comprometido con los temas de seguridad y procuración de justicia, un secretario de Gobierno también, y un gabinete que no ha sido impuesto por nadie que no tenga que ver con el propio compromiso de cumplir con las metas del Plan Michoacán, y de lograr el crecimiento y desarrollo integral del estado.

¿Qué se ha hecho para regresar la seguridad a la entidad?

—En estos casi 11 meses hay avances muy significativos, pero también lo que es la debilidad institucional u otro tipo de problemas no se pueden resolver en 10 u 11 meses cuando tienen más de 10 años o algunos teóricos hablan de 40 años. Se tiene que trabajar todos los días, y es una tarea permanente, no es una tarea de inicio y fin. Lo que nosotros buscamos es que haya bases sólidas y firmes, y que la siguiente administración pueda continuar trabajando con algunos lineamentos que son positivos, como es el tema del fortalecimiento institucional, pero más allá lo importante es que se respire un clima diferente.

El próximo año habrá elecciones, ¿cómo evitar que el crimen organizado sea parte del proceso? ¿Están garantizadas las elecciones?

—Sí, por supuesto, y sobre todo hay que ver de qué forma lo vamos a garantizar. El crimen organizado no se va a involucrar en estos temas, para eso tenemos instituciones que están atentas para evitar, partiendo de la premisa de que el crimen organizado independientemente de cualquier tipo de involucramiento que pudiera tener, hoy está mermado en la mayoría o prácticamente en todas sus actividades.

¿Qué tipo de filtros se aplicarán?

—De entrada, si no tiene un margen de maniobra [el crimen organizado] para realizar otro tipo de eventos como son los delitos de alto impacto y se revierte la pirámide para temas de tejido social, conflictividad social o violencia callejera, es un parámetro muy claro de que hay un cambio muy importante; pero por el otro lado también el hecho de que tengamos un blindaje a través de compartir información con instancias centrales y la propia información que nosotros mismos hemos ido generando, podremos saber en el momento en que sea postulado un candidato si tiene algún tipo de antecedente o no.

Es importante la denuncia. Cualquier persona que tenga algún indicio, por mínimo que sea, podrá ser investigado para que tengamos la certeza de que las personas que compitan por un cargo de elección popular no lo hagan bajo el yugo de algún tipo de presión extra, sino única y exclusivamente con la aspiración legítima que te otorga la Constitución para poder acceder a un cargo público.

¿Creen en los partidos o se apoyarán en el Cisen?

—El Cisen siempre va a ser una herramienta fundamental, lo hemos dicho nosotros desde el principio. Yo lo he comentado en distintas ocasiones, no es un decreto el hecho de que tengan que pasar todos por eso, pero ya vimos —y la experiencia de Iguala te deja ver a veces la importancia de realizar una investigación—, no sólo de la propia persona sino a veces de su círculo cercano como una cuestión preventiva y no reactiva o que después las consecuencias puedan ser mayores; pero si las propias fuerzas políticas determinan en su momento que para ellos no es necesario, nosotros estamos confiados en que ellos sabrán y serán los primeros en postular a gente que de entrada tenga la capacidad moral e integral para poder representar a sus institutos políticos ante la ciudadanía.

En los últimos meses se han hecho algunas detenciones de funcionarios como una señal de que nadie puede estar por encima de la ley. Una de ellas es la del ex secretario de Gobierno, Jesús Reyna, ¿qué ha pasado con ellos, siguen en proceso o ya quedaron libres?

—En el tema del proceso penal hay que recordar que los tiempos es una garantía que tiene la propia defensa sujeta a un proceso, esto es si dura más de cuatro meses o un año, es porque la defensa solicita mayor tiempo para ofrecer pruebas y que se desahoguen, y en ese sentido el Ministerio Público es respetuoso y tiene que seguir en su momento, si no desahogando esas pruebas, sí interrogando de acuerdo a las testimoniales o dando su punto de vista de acuerdo a periciales u otro tipo de pruebas que se lleguen a ofrecer. Lo importante aquí es que las procuradurías, tanto local como federal, no han pensado si son de una fuerza política, si son políticos o si son servidores públicos.

Han visto que se han encontrado con elementos claros, que existen testimonios, no tenemos un maxiproceso, no tenemos una averiguación previa donde vayan 60 o 90, o servidores públicos, cada uno tiene su propia averiguación previa, sus propios testimoniales, sus propias evidencias y cada uno de ellos tiene una causa penal a la que están sujetos en tribunales.

¿Siguen en proceso?

—Siguen en proceso, ninguno de ellos ha sido absuelto.

¿Servando Gómez sigue siendo la cereza del pastel?

—Mira, mucho se ha especulado por una frase que comentamos en su momento, hoy diría dos cosas, la primera es que sería la cereza de un pastel que ya no existe; y la segunda, la comisión tiene un objetivo de desarrollo integral que estamos trabajando y que tiene que ver con muchas otras aristas que va a permitir realizar funciones preventivas para que el tema de la seguridad no se vuelva un punto prioritario. Hoy por hoy, en las encuestas el tema de la seguridad realmente del 100% de los encuestados pasa a un número muy inferior. Ahorita las prioridades están en el empleo, en las oportunidades, en que los negocios que ya abren tengan ventas. Este tipo de variables tenemos que trabajarlas para generar alternativas.

¿Va a ser capturado?

—Por supuesto, hemos estado muy cerca, y si bien es cierto que puede conocer ciertos aspectos o territorios, sobre todo de la sierra, ya también es un lugar que le resulta incómodo, y tarde o temprano va a ser detenido. Lo importante para nosotros como autoridad es neutralizar su capacidad de operación, y en ese sentido se ha seguido desarticulando todo lo que son sus integrantes del primero, segundo y tercer nivel, y también las estructuras financieras. Prueba de ello es que tenemos asegurados 430 millones de pesos en bienes inmuebles en las últimas semanas.

A partir de la información con la que cuenta el comisionado, ¿cómo opera ‘La Tuta’?

—Es una persona que debe estar arrepentida de esta situación histriónica de exhibirse en los medios de comunicación, repartiendo dinero propiamente, desafiar o sentirse el estado mismo, y que sus días en el ámbito delincuencial se han terminado, y lo que tiene que ver con su detención física va a acontecer.

¿Está próxima su salida de Michoacán?

—Es un tema que en su momento decidirá el Presidente o el secretario de Gobernación y nosotros estamos preparados para cualquier escenario, ya sea el permanecer un poco más o el poder retirarnos.

¿Le gustarían unas vacaciones?

—A todos nos gustarían en determinado momento, más que un tema de vacaciones, el poder quedarnos con el deber cumplido, de las metas que nos pusimos a principios de año. Ha sido muy enriquecedor con todo el equipo lo que hemos vivido, ha sido una enorme experiencia y más allá del trabajo diario ha sido muy aleccionador para todos los que estamos aquí. Hemos aprendido mucho de los michoacanos, de las comunidades, de los municipios, del propio ejercicio, de todas estas actividades y realmente no puedes pedir un punto final cuando todos los días estás aprendiendo algo nuevo y estás ayudando a que mucha gente pueda salir adelante.

¿Cómo se está dando el proceso del Mando Único, hay municipios que no están dentro del esquema?

—Cuando hablamos de un proceso, estamos hablando de una serie que va a tomar tiempo y que requiere la participación de muchos actores, y te voy a poner varios ejemplos. Nosotros cuando empezamos con el tema del mando unificado, uno de los puntos a debate con los alcaldes fue un fondo federal, el fondo cuatro que se utiliza para temas de seguridad pública, pero también cubre otro tipo de necesidades en los municipios.

Posteriormente la Auditoría Superior del estado decía que podía existir determinada responsabilidad si legalmente se daba el recurso directamente al municipio, lo que traía como consecuencia que en el momento de tener un mando unificado a través de un convenio ya existiera algún tipo de responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos. Todo esto va a ser subsanado con una reforma constitucional, pero una vez que salga ya tendremos certeza jurídica sobre esos pequeños detalles que son los que han detenido algún tipo de cuestión.

La otra parte es que, en lo que sí es muy clara la reforma, es en potenciar las capacidades institucionales de los municipios y tener una sola figura que pueda tener el control y no tener que dividirla en Michoacán en 113 municipios; en el Estado de México en 125, o en Guerrero en los municipios que tengan. El punto es que hoy por hoy estamos hablando de que los 2 mil 500, más o menos que existen en el país, sólo 47 tienen una policía municipal mayor a 500 elementos y esto te lo digo en referencia a aquellos que dicen que hay policías municipales que son mejores que algún estado, tal vez, pero estaríamos hablando de dos o cuatro corporaciones municipales y no representan a los 2 mil 500 municipios.

El gobernador de Michoacán publicó un decreto para la instrumentación de un órgano que le dé seguimiento a todo el tema del mando unificado; yo invitaría a que los demás estados consideren esta posibilidad de separar el ámbito de instrumentación al ámbito de operación diaria que tiene que ver con las tareas de seguridad pública.

En síntesis, te podría comentar que lo que persigue un mando unificado es homologar las capacidades, los salarios, la profesionalización, los temas del armamento, los uniformados, los protocolos, el tema de las mismas promociones, los salarios, la dignificación policial como proyecto de vida, y que no tengamos desigualdades inherentes propias a la capacidad de un presidente municipal o del ejercicio del gasto público de un municipio, lo que determine una solidez o no en sus cuerpos de seguridad pública.

¿Cuáles son los detalles que se tienen que afinar?

—Habrá que esperar en términos lisos y llanos la reforma, y ver qué tipo de modificación puede tener. Nosotros hemos leído la exposición de motivos, tenemos 105 de 113 municipios que han firmado, pero si se hace una reforma constitucional prácticamente estaremos hablando que transitamos de voluntad a la obligación legal.

De cuánto estamos hablando de sueldos, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo?

—Más o menos se habla de 18 mil 975 pesos, menos impuestos, para que queden 15 mil pesos libres, y ese diferencial tiene que ver con cuotas al Infonavit, al Seguro Social o del ISSSTE, seguro de vida, pero que sea el punto de partida para que los policías tengan ese salario.

 

* ENTREVISTA TOMADA EL PERIÓDICO “EL UNIVERSAL”

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