La Página
La Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), se pronunció por darle mayor visibilidad a la violencia política de género cometida en las comunidades indígenas, al continuar las jornadas de capacitación interna dirigidas al personal de la institución.
El tema “Derechos de las mujeres en los pueblos y comunidades indígenas: criterios del TEPJF” estuvo a cargo de la capacitadora Roselia Bustillo Marín, Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la asistencia de las Magistradas Alma Bahena Villalobos y Yurisha Andrade Morales y del Magistrado José René Olivos Campos.
En videoconferencia, la Maestra Bustillo Marín advirtió que las personas que hayan ejercido violencia política en razón de género no podrán obtener registro como candidatos a cargos de elección popular.
Ejemplificó que los tribunales no permitieron la reelección del Concejal del Ayuntamiento de Jamiltepec, Juan García Arias, por haber violentado a la síndica Herminia Quiroz, es decir, por haber incumplido el requisito de tener un modo honesto de vivir, previsto en la Constitución de Oaxaca.
El caso San Pedro Mártir (SUP-REC-38/2017), situado en el estado de Oaxaca, fue el primero en juzgar con perspectiva de género intercultural, refirió la Maestra en Derechos Humanos y Doctorante en Antropología.
Bustillo Marín pormenorizó el caso de San Martín Peras, un pequeño municipio de Oaxaca caracterizado por alta incidencia de feminicidios y de violencia política de género. Ahí, consideró que la resolución jurisdiccional significó un retroceso por no haberse observado el contexto de la comunidad.
La especialista destacó la relevancia de levantar dictámenes antropológicos para conocer sistemas normativos, usos y costumbres, antes de emitir resoluciones jurisdiccionales respecto de conflictos que se originen en comunidades indígenas.
El Centro de Capacitación e Investigación del TEEM, que encabeza Mariana Arizpe, organizó la actividad académica para promover el respeto de la cosmovisión indígena en los juicios que conoce el máximo órgano jurisdiccional de la entidad en materia electoral, que buscan garantizar el ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres en los sistemas normativos internos.