La Página
Por VERÓNICA TORRES MEDRANO
Morelia, Michoacán.-Un total de 46 espacios laborales en el Poder Legislativo ha generado diversas versiones y diferencias entre los diputados michoacanos. Y es que mientras unos consideran que esos lugares deben ser ocupados por personas de su confianza, y no por “trabajadores que les heredaron”, otros señalan que se tiene que respetar su antigüedad y la experiencia que han desarrollado.
La dinámica no cambia desde hace años: Llegan nuevos diputados y meten a su gente y cuando concluyen su labor, la dejan como herencia para los próximos legisladores. Entre los cuales hay familiares, parejas sentimentales y recomendados.
Acción que se ha seguido desde la 69 Legislatura, aunque más marcada es en la 72, 73 y 74 del Congreso del Estado de Michoacán.
El intentar correr a 46 trabajadores es lo que hoy genera la pugna en el Legislativo, ya que hay quienes buscan esos espacios para su personal de confianza, y hay quienes reconocen que es gracias a ellos que “sale el trabajo”. La determinación la toma la Junta de Coordinación Política, mientras que desde el Comité de Administración y Control de la 75 Legislatura se señala que no se les tomó en cuenta para esa determinación.
¿De confianza o trabajadores heredados?
La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), María Fernanda Álvarez Mendoza, dijo que no es justo que al personal de confianza se le tenga que correr, pero sí al que llegó en otras legislaturas.
Mientras que el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), J. Jesús Hernández Peña, no quiso hablar sobre los motivos del despido de personal, de entre el cual hay quienes tienen más de 10 años el motivo laborando en el Congreso del Estado.
Dejó en claro que los espacios son para los legisladores en funciones, y que si alguien se siente afectado puede acudir ante las instancias correspondientes. “Es una facultad que tenemos para que el congreso funcione”.
Comité de Administración y Control sin tomarse en cuenta
Al ser uno de los temas polémicos de esta Legislatura, por segunda ocasión, los integrantes del Comité de Administración y Control ignoraron las solicitudes de entrevista de los medios de comunicación, a excepción de Juan Carlos Barragán Vélez, quien señaló que ninguno de sus integrantes está enterado de los despidos de personal.
Indicó que ayer (1 de marzo) se vio la situación y que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) no ha informado del tema, por lo que se espera una reunión con todos los diputados para aclarar la situación.
Reconoció que sí se necesita una limpia de la gente que dejaron los diputados de las legislaturas 72, 73 y 74 que sólo cobran sin trabajar.
“En qué condiciones se están dando los despidos y cuál fue la razón. Se tiene que revisar, porque cada caso es distinto”, refirió.
Se debe revisar caso por caso
Mientras que, para otros, el tema tiene que ser revisado de manera específica. A decir del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), Víctor Manuel Manríquez González, su voto en la reunión de la JUCOPO fue en contra de dicha determinación, toda vez que quienes se están yendo son personas que tienen antigüedad y quienes realmente desarrollan una labor en el Poder Legislativo.
Mientras que la diputada del PRI, Adriana Hernández Íñiguez, indicó que la revisión debe ser caso por caso y con claridad, pues desde el primer año de la 75 Legislatura quedó en el aire el tema de la revisión del personal.
Y es que precisó que a la fecha no hay un inventario y posiblemente haya una duplicidad del personal, lo que genera mayor gasto en el Legislativo, pero que los despidos no pueden recaer en aquellos trabajadores que realmente hacen que funcione el Congreso.
