Redacción/La Página.
México, Distrito Federal.-Rectores de las universidades que reciben un subsidio anual por alumno inferior a la media nacional estipulada en 55 mil pesos, firmaron el Manifiesto en Defensa de la Educación Superior como Elemento Fundamental para el Desarrollo, por más Recursos a las Universidades Públicas de México, que plantea la propuesta de creación de un Fondo para la Estabilización que se alimentaría de los excedentes petroleros y ayudaría a aliviar el problema expuesto. Dicho documento será entregado al Congreso de la Unión este miércoles.
Convocados por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los rectores y tesoreros de las instituciones participantes en el encuentro celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, enfatizaron que “solamente estableciendo un sistema de financiamiento equitativo entre las Universidades se puede garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la educación y al progreso científico en nuestro país”.
El rector Salvador Jara Guerrero agradeció la presencia de los funcionarios de las instituciones que han cumplido con la tarea de acreditar, certificar sus programas, cuidar su plantilla académica y elevar sus estándares de calidad, pero que enfrentan problemas graves de subsidio.
Manifestó su preocupación por el hecho de que los rectores se ocupan cada vez más de solicitar recursos ante los gobiernos federal, estatal y el Poder Legislativo, que de las labores de planeación académica de sus instituciones.
Jara Guerrero expuso que la perspectiva de la Universidad Michoacana y que es compartida por otras instituciones de educación superior, es que el Estado tiene la obligación de otorgar el subsidio, de llamar su atención para que sepa que las universidades están haciendo un buen trabajo y que son instancias fundamentales para el desarrollo del país y en la construcción de la democracia.
En el documento, que será entregado a los legisladores, se propone dotar de mayor certidumbre presupuestal a las instituciones públicas de educación superior consolidar el sistema educativo mexicano y, por ende, un mejor futuro para nuestra nación.
Los funcionarios universitarios coincidieron en que la educación pública es una prerrogativa fundamental de todos los mexicanos, por ello, la inversión en educación superior es la que mayores efectos multiplicadores genera en la economía y en el bienestar social, reconstruyendo el tejido social.
En su intervención, el rector de la Universidad de Sinaloa, Víctor Corrales Burgueño, compartió que su universidad no cuenta con los recursos para solventar el pago de aguinaldo de sus profesores y trabajadores, y advirtió que esta falta de liquidez puede provocar ingobernabilidad en las instituciones educativas, pero también causaría inestabilidad social en los estados.
Además, consideró que las universidades públicas posiblemente han errado en su actitud hacia los gobiernos estatales y federal, puesto que en lugar de gestión deberían hacer presión para obtener mayores recursos porque el problema de las universidades “es una bomba de tiempo”. Propuso que se incluya un plan de acción en caso de que las autoridades pertinentes no atiendan las demandas de las universidades públicas.
En este sentido, concordaron en que el financiamiento adquiere relevancia puesto que impacta de manera directa tanto a la capacidad de absorber más demanda como a la de mejorar la calidad de los servicios educativos que se brindan.
Otro de los argumentos de la propuesta señala que actualmente el financiamiento a la educación superior tiene las siguientes características: asignación presupuestaria inercial (subsidio ordinario), insuficiencia de recursos federales para atender los requerimientos de las Universidades Públicas, e insuficiencia en la aportación de recursos de los gobiernos estatales; limitado financiamiento para inversión en infraestructura, equipamiento e innovación educativa, así como inequidad en la asignación del subsidio por alumno.
Bajo este esquema, advirtieron que es impostergable avanzar en materia de cobertura, puesto que cada año no se respeta el derecho constitucional de acceso a la educación de miles de jóvenes por la insuficiencia de recursos y de infraestructura.
Los representantes de las universidades de Oaxaca, Guerrero, Querétaro, Sinaloa, Morelos, Zacatecas, Guerrero y Chihuahua, externaron que no han sido atendidos los problemas que causaron los rezagaos estructurales que no considera las particularidades y logros de cada institución.
Finalmente, acordaron establecer un grupo de trabajo para asentar las propuestas de los participantes en el foro y afinar el documento para entregarlo mañana al Congreso de la Unión.
