La Página
- Los participantes aprobaron las etapas del proceso de certificación: inicial, de la capacitación y de evaluación final
Morelia, Michoacán.-A fin de que los mecanismos alternativos de solución de controversias sean cada vez más eficientes y eficaces, el Consejo del Poder Judicial de Michoacán autorizó recientemente la certificación de 20 personas que aprobaron las diferentes etapas para obtener el título de facilitadoras y facilitadores en el sistema de justicia integral para adolescentes.
El proceso estuvo a cargo del Comité de certificación en sede judicial para facilitadores en mecanismos alternativos de solución de controversias y abarcó las etapas inicial, con una evaluación sobre habilidades, características de personalidad y competencias; de la capacitación, donde comprobaron como mínimo 180 horas de formación teórica y práctica que cursaron en los 3 años anteriores; y la etapa de evaluación final, con la aplicación de un cuestionario escrito con distintas temáticas relacionadas con la certificación.
Concluidas las mencionadas etapas, los integrantes del Comité, Armando Pérez Gálvez, consejero del Poder Judicial; María del Pilar Chávez Franco, responsable del Centro de Justicia Alternativa y Restaurativa, región Morelia; así como Emmanuel Roa Ortiz, director del Instituto de la Judicatura; hicieron entrega de los certificados a las y los facilitadores.
Durante la ceremonia, Chávez Franco argumentó que “la justicia integral para adolescentes es un tema especialmente sensible porque se habla de personas que están en desarrollo, sin embargo el trabajo con ellos es fácil en cuanto a poderlos rescatar y llevarlos nuevamente al camino del respeto a la ley”.
La encargada del Centro de Justicia Alternativa y Restaurativa, región Morelia, enfatizó que el trabajo con adolescentes tiene completamente la intención de un enfoque restaurativo del tejido social –al igual que los mecanismos alternativos de solución de controversias en las diversas materias-, donde los acuerdos reparatorios finalmente logran su objetivo.
Es importante señalar que las certificaciones tienen una vigencia de tres años y son renovables, de conformidad con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y demás instrumentos aplicables.
