Por ROSMI BONILLA UREÑA*
“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”
Sófocles
Al publicar su estudio sobre la Percepción de la Corrupción 2020, Transparencia Internacional vuelve a poner el dedo sobre la llaga: en México, continúa la impunidad.
El actuar de las redes de corrupción y, en muchos casos, quienes las integran (sean instituciones, empresas o personajes de la vida pública) son públicos y notorios, y; por si eso no fuera suficiente; son investigados, desvelados y desentrañados por la prensa mexicana sin mayores consecuencias que el escándalo.
Y esa es justamente una de las cuatro recomendaciones que hace la Organización No Gubernamental a México: combatir la impunidad y recuperar los recursos que se pierden por actos de corrupción.
Lo anterior, ya lo he manifestado en este espacio, no es asunto menor y, menos, asunto interno. La presión internacional para que los Estados que pueden hacer negocios con México tengan garantías de que no serán víctimas de corrupción; de que si son víctimas, los culpables serán sancionados y de que no habrá pérdidas económicas, siguen estando resaltadas en los Tratados de Libre Comercio y siguen siendo señaladas puntualmente por las ONGs internacionales que estudian estos temas.
Durante 2020, México se recuperó apenas dos puntos en el índice de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional; pero eso no lo rescata de permanencer por debajo de la media y en el lugar 124 de 180 paises evaluados.
Tampoco lo rescata de ser el integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con una mayor percepción de corrupción, ni lo aleja de compartir la misma posición en el ranking internacional con paises como Pakistán, que vive una guerra civil desde hace varios años.
Ante ello, Transparencia Internacional recomienda a México; ademas del control y combate a la impunidad; el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional Anticorrupción que, de manera incipiente todavía, empieza a generar resultados.
Pide, además que la Auditoria Superior de la Federación realice auditorias en tiempo real pues ofrecen resultados de dos o tres ejercicios fiscales anteriores, poniendo en riesgo la prescripción de los delitos. Y, aunque el documento no lo especifica, creo que esa misma solicitud aplica a las Auditorias Superiores de los estados.
Indica como fundamental para el combate a la corrupción en estos momentos de contingencia sanitaria que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) vigile y salvaguarde el principio de máxima publicidad en temas de salud, educación y recuperación económica.
Y, por supuesto, recomienda a la Fiscalía General de la República y las instituciones de impartición de justicia que brinden resultados concretos: sentencias a redes de corrupción, recuperación de activos desviados en grandes casos de corrupción y asegurar la reparación de daño a las víctimas para delitos vinculados con actos de corrupción.
En concreto, en lo corto: ¿habrá sanciones inmediatas y ejemplares, por ejemplo, a los directivos de los hospitales públicos que no vacunaron a médicos, enfermeras y químicos sino a familiares, amigos y hasta personal administrativo afin a sus intereses? Al tiempo.
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*Rosmi Bonilla Ureña. Es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UVAQ. Con experiencia en medios de comunicación y órganos electorales. Actualmente es presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
