“La legitimidad de los jueces en el constitucionalismo democrático”. Por Ignacio Hurtado Gómez

Aula Nobilis

La legitimidad de los jueces en el constitucionalismo democrático.

Por Ignacio Hurtado Gómez*

La razón de hablar –así sea a vuelo de pájaro– sobre este tema, presupone tener primeramente en el radar esa vieja tensión entre la democracia constitucional y el constitucionalismo democrático, y dentro de la cual subyace en mucho la validez y legitimidad necesarias para establecer los límites a las decisiones democráticas; esto es, ¿quién puede establecer esos límites?, ¿los jueces o los legisladores?

Esto evidentemente no excluye que ambos elementos, en la vida diaria, puedan y deban coexistir en equilibrio ya que la democracia de hoy día necesariamente es constitucional, y el constitucionalismo de hoy día inevitablemente debe ser democrático. No se pueden entender de otra forma.

Sin embargo, quienes inclinan el péndulo hacia la democracia, hacen énfasis a la importancia de las decisiones democráticamente tomadas, sin que esto implique que éstas no tengan límites tanto en forma como en contenido, máxime cuando se está en presencia de un constitucionalismo que le da sentido, por lo que será precisamente es en la Constitución en donde se encontrarían tales límites al instaurarse el control constitucional de leyes como parte esencial del constitucionalismo, y en consecuencia la Constitución como límite del legislador, entonces, el péndulo comienza a inclinarse hacia el controlador de la Constitución, esto es, hacia los jueces.

Lo anterior provoca la pregunta, puesta en no pocas voces, –como la de Stephen Holmes– de ¿por qué los jueces de una corte constitucional deberían tener el poder de anular las decisiones de los diputados que fueron elegidos democráticamente?

Como sea, el hecho innegable es que el paso al Estado constitucional supuso mayores poderes a los jueces constitucionales al sustituir el criterio de validez formal propio del Estado legislativo por uno de contenidos que no fueran contra la Constitución, pero ello a su vez también dio –como lo señala Atienza– “una mayor importancia a la tarea de justificar las decisiones”, esto es, no solamente limitarse a dar razones, sino que éstas fueran de cierta calidad.

Al respecto, autores como Alexy hacen énfasis en la necesidad de ver la actuación del poder judicial, como actos emanados del pueblo, esto es, la función jurisdiccional como una de las tareas centrales del poder público, y que por tanto, el pueblo lo confiere para su ejercicio a los jueces. Y como consecuencia, la forma de llevar a cabo el desempeño de esa función, también debe estar sujeta a control.

Para zanjar este tema del control, se debe tener presente la idea que solamente a través de la argumentación –las razones– dadas por los tribunales es que se puede ejercer. Al final, hay argumentos buenos y malos.

Visto así, entonces las razones dadas al tomar una decisión, esto es, la argumentación judicial, se vuelven centrales para ejercer un control sobre el juez constitucional, pues no obstante su independencia, no quiere decir que estén fuera de control.

Incluso, estudiosos como Gunnar Bergholtz sostienen una creciente exigencia de dar razones en el derecho paralelamente al desarrollo de la democracia, ya que las decisiones de los tribunales en cuanto procedimientos de control deben estar abiertos a los ciudadanos.

Al final como lo sostiene Ezquiaga Ganuzas, el deber de dar razones para sustentar una decisión constituye un deber de transparencia entendido como una exigencia para el control social o ciudadano de la decisión judicial.

No obstante todo lo anterior, también es un hecho que existe cierto subjetivismo en la toma de decisión a partir de las ideologías jurídicas que sustenta cada juez, por eso Barak señala que, dado el pluralismo ideológico “Cada juez es un mundo distinto por sí mismo”, pues detrás de cada juez hay variantes en educación, personalidades, visiones del mundo que nos rodea y en el que vivimos.

Por ello se pide que ante todo las decisiones de los jueces además de estar motivadas, también sean racionales, esto es, resoluciones claras, con consistencia conceptual, que no tengan contradicciones, con una consistencia normativa y argumentativa, y que sean decisiones coherentes.

Así pues, dentro de un Estado constitucional, la relación entre la Constitución y la democracia es indisoluble, sin embargo, el péndulo se ha cargado a favor del constitucionalismo como un mecanismo institucionalizado para el control del ejercicio del poder público. Lo anterior ha supuesto, en no pocas ocasiones, la preeminencia de la voluntad del juez frente a la del legislador, o de otros poderes.

Sin embargo, esto tampoco ha implicado poner en manos de los jueces un poder irracional y absoluto, sino que sus propias decisiones igualmente están sometidas a un control, pues en ello también está en juego su propia legitimación democrática.

En este contexto de control y de legitimación democrática de la actividad jurisdiccional del juez, como lo he dicho, la argumentación de las decisiones judiciales se ubica en un lugar privilegiado, pues es a través de las razones que se puede asegurar lo primero.

No obstante lo anterior, también es una realidad que en el proceso de toma de decisiones, así como de su argumentación, particularmente en el marco de un reconocimiento expreso a la facultad creadora del derecho por parte de los jueces, que también se reconozcan ciertos grados de discrecionalidad.

En ese sentido, la pregunta que sigue es: ¿cómo controlar esa discrecionalidad en un contexto de tensión entre Constitución y democracia, entre los jueces y los legisladores?

Como ya lo dije, por un lado está la racionalidad, y por otro la ética judicial, temas fundamentales que se insertan en uno igualmente interesante que cada vez toma un mayor auge y que es el concepto de justicia abierta, y a los cuales nos referiremos en un futuro no muy lejano. Al tiempo.

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* Ignacio Hurtado Gómez. Es Maestro en Derecho; profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Actualmente es magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

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