Por ROSMI BONILLA UREÑA*
“La verdad nunca daña una causa que es justa.”
Mahatma Gandhi
En un mensaje poco claro, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el uso de recursos públicos para hacer frente al Covid-19 pero siempre a través de los esquemas ya diseñados por su gobierno: programas sociales universales que dan recursos. No se habló de rescate financiero, no se habló de fortalecimiento al sector salud, no se habló de generar confianza en los inversionistas.
Y este discurso viene a cuento porque, según México Evalúa, en el 2019 el sector salud no ejerció el 65% de su presupuesto; es decir, de 17 mil 752 millones de pesos destinados a la salud pública, 11 mil 510 millones no se gastaron y se devolvieron a las arcas de la federación. No está de más puntualizar que este recursos estaba destinado, en su mayoría, a la infraestructura hospitalaria.
¿Qué destino tuvieron esos miles de millones de pesos? La falta de transparencia presupuestaria y de gasto público es, lamentablemente, una tendencia que esta administración federal no solo no desterró, sino que, por el contrario, promueve e impulsa. No hay, como se prometió en campaña, seguimiento a cada peso público.
Y no es, repito, un mal de esta administración. Según Impunidad Cero, entre 2014 y 2019, se emitieron al sector salud 22 mil 933 facturas falsas por un monto total de 4 mil 100 millones de pesos.
Si ese dinero se pudiera rescatar y utilizar en esta contingencia, México podría adquirir otros 5 mil respiradores que es la cantidad aproximada de los que ya existen actualmente para atender a 20 mil mexicanos que requerirán atención hospitalaria por Covid-19 según los modelos matemáticos de la epidemia.
Ahora bien, con la extinción de los fideicomisos, queda a disposición del Ejecutivo federal cerca de 250 mil millones de pesos que, de acuerdo al informe del domingo 5 de abril del Presidente, se destinarán al pago de apoyos sociales, más no a la compra de insumos médicos, por ejemplo.
Por ello, y ante lo que implica la declaración de emergencia en la que el Ejecutivo puede disponer de los recursos para salvaguardar la situación sin necesidad de pasar por el Congreso; es necesario que el ejercicio de los dineros destinados a la contingencia sanitaria y económica se transparenten.
El llamado a la transparencia no es solo para el gobierno federal. En Michoacán, la sociedad civil emitió un pronunciamiento para pedir que se pueda dar seguimiento puntual y en tiempo real a los mil millones de pesos que se destinarán a atender la contingencia y lo mismo aplica para los ayuntamientos.
Hoy, más que nunca, los mexicanos debemos darle seguimiento puntual al origen y destino de los recursos porque podemos encontrarnos, nuevamente, con la noticia de que no sabemos “dónde quedó la bolita”.
Si usted quiere consultar el estudio de México Evalúa, lo puede consultar aquí: https://www.mexicoevalua.org/la-infraestructura-hospitalaria-debilidad-extrema/?fbclid=IwAR1-CCpypUqJ-VGfgv1SO2F3XHv7_7dXVzmzTNpDGGyfbcjQNvmakTR1pQA
Si usted quiere consultar el estudio de Impunidad Cero, lo puede consultar aquí: http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=134&t=facturas-falsas-la-epidemia-en-el-sector-salud
Si usted quiere consultar el pronunciamiento de la Sociedad Civil Michoacana, lo puede consultar aquí: http://cpcmichoacan.org/transparencia-prioridad-en-esta-contingencia/
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- Rosmi Bonilla Ureña. Es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos. Con experiencia en medios de comunicación y órganos electorales. Actualmente es integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
