Redacción/La Página.
Morelia, Michoacán.-Miguel Ángel Chávez Zavala, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una denuncia por faltas administrativas en contra de los ex funcionarios públicos que resulten responsables por hechos que se consideran violatorios a la ley, mismos que podrían derivar en delitos que tendrían que ser sancionados por las autoridades competentes.
“La querella es presentada como muestra de la responsabilidad política del Partido Acción Nacional y el compromiso por la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, los cuales deben cumplir honorablemente los que ostentan cargos públicos”, apuntó el dirigente albiazul.
Como creemos y confiamos en las instituciones es a ellas a quienes recurrimos, declaró el líder albiazul tras recordar que “con prudencia esperamos largos meses a que las autoridades competentes investigaran y esclarecieran las presuntas irregularidades en el manejo de las finanzas públicas de la administración estatal anterior que ocasionaron la crisis financiera de Michoacán, sin embargo, ahora no podemos quedar impasibles ante lo que podría convertirse en un grave caso de impunidad”.
Detalló que la presentación de este documento legal atiende el mandato de la Comisión Política del Comité Directivo Estatal, la cual estableció que para que el Grupo Parlamentario del PAN pudiera aprobar la reestructuración de la deuda, refinanciamiento y contratación de nueva deuda pública, sería necesario formalizar la exigencia para investigar y fincar responsabilidades a los funcionarios que violentaron la ley.
Las imputaciones que interpuso el Presidente estatal del partido ante la Coordinación de la Contraloría del Gobierno de Michoacán señalan un gran número de irregularidades que podrían derivar en los delitos de abuso de autoridad, peculado, abuso de confianza, así como defraudación fiscal.
Por lo anterior y con fundamento en el Art. 42, fracciones XVIII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, el panista solicita a la dependencia estatal que de acuerdo a sus atribuciones realice las investigaciones correspondientes para conocer las irregularidades administrativas de los ex funcionarios y emitir las sanciones correspondientes.
Asimismo, Chávez Zavala pidió a la Coordinación de la Contraloría que en caso de que se identifiquen los delitos, en uso de sus facultades, notifique a la instancia procuradora de justicia correspondiente los resultados de la investigación para que resuelva las faltas ejercidas.
El dirigente político recordó que parte de las atribuciones de dicha dependencia son citar a una audiencia a los acusados para que puedan entregar las pruebas que demuestren lo contrario. Sin embargo, si la Contraloría comprueba la existencia de faltas los ex funcionarios podrían ser acreedores de sanciones que irían desde económicas hasta la inhabilitación de 1 a 6 años para el ejercicio del servicio público, entre otros.
Entre los hechos que se denuncian en la citada querella destacan el que se dio como garantía de créditos las participaciones federales sin la previa autorización del Congreso, así como el que se presentaron montos alterados de las finanzas públicas al Poder Legislativo y que hubo pasivos que no fueron reportados en la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda.
Además de que se incumplió con en enterar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) el pago de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por salarios a los trabajadores del gobierno del estado, entre otros.
De acuerdo a lo anterior, Miguel Chávez señala que se habría infringido las normatividades establecidas en la Constitución Mexicana, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán, la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán, y la Ley de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público de Michoacán.
Entre las pruebas presentadas se encuentran los informes que rindieron los despachos profesionales contratados por el Ejecutivo del Estado y con el reporte que la Mesa Técnica que conformó el Congreso del Estado para el análisis de la deuda pública.
Para sustentar la demanda también se presentó la Certificación de la Secretaría de Finanzas y Administración de los Terceros Institucionales y los Saldos Pasivos con fecha de corte del 31 de diciembre, así como el informe financiero al Segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2012 presentado por el titular del Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado.
