La Página
Por VERÓNICA TORRES MEDRANO
Morelia, Michoacán.- Para el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, las amenazas que han recibido los defensores públicos tanto por el crimen organizado y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) son propios de la carrera y no por una situación de inseguridad.
Y es que el pasado 8 de agosto, el director del Instituto de Defensoría Pública, Felipe Morales Correa, denunció que al menos cuatro abogados están amenazados por personal infiltrada de la FGE y quienes buscan beneficios económicos, además de los grupos antagónicos. En abril del 2022, una abogada de la región de Tierra Caliente solicitó asilo político en los Estados Unidos.
A lo anterior, Ramírez Bedolla, minimizó la situación y dejó en claro que es la Secretaría de Gobierno quien atiende el tema.
Lo preocupante es que consideró que “este tipo de profesión como la de abogado litigante tiene un nivel de riesgo mayor a otras carreras, por lo que implica el litigio propio de la carrera”.
