Por JESÚS SIERRA ARIAS*
No tengo duda de que cada régimen impulsa los cambios que le convienen. Nunca ha sido diferente.
Sin embargo, cada régimen elige qué rumbo le quiere dar a la legitimidad que posee y eso es lo que distingue los tiempos de cada uno.
Hoy, por ejemplo, se impulsa una reforma judicial cuyo contenido más ruidoso es la elección de los juzgadores.
Y digo ruidoso porque los espacios de opinión pública son ocupados con análisis al respecto de esa posible elección.
Más allá de lo conveniente o no, lo oneroso o no de la elección, lo legítimo y honestos que resulten los juzgadores, lo único cierto es que en el fondo de lo que se trata es de eliminar a la actual burocracia para instalar otra a modo, una que responda y atienda los intereses del régimen actual.
La complejidad para hacer realidad esa propuesta es elevada, amén del costo económico que ello representa, pero cuando en este sexenio el costo de algún proyecto ha sido problema: la cancelación del aeropuerto de Texcoco o, la refinería de dos bocas o el tren maya, son ejemplo claro de que el dinero nunca ha sido problema.
No es extraño ver declaraciones inusuales que apelan a la bondad de la propuesta presidencial, anunciando que no hay vuelta atrás, que fungen como voluntarios voceros de las nuevas buenas. Quizá impulsados ex profeso para ello o, quizá con la única intención de agradar y levantar la mano.
Y claro que se entiende desde el respaldo de un partido casi hegemónico que sin lugar a dudas se movilizará para garantizar el triunfo del elegido en cada caso.
Seguramente no se podrán presentar a elección quienes no sean propuestos por los poderes del estado, lo que reduce la posibilidad para personas independientes.
Irán a elección los cercanos, los convenientes, los que tengan algo que aportar al actual sistema, no necesariamente los adecuados.
Bajo esa circunstancia es entendible que no se deba temer a la democracia ni a las urnas, mismas que tendrán una escasa participación, ya que si en elecciones tradicionales los electores no rebasan el 60 por ciento en el mejor de los casos, entonces imaginemos el interés por ir a votar por un cargo de juzgador que es absolutamente desconocido por el electorado.
El pretexto es que los juzgadores sean cercanos al pueblo, cuando en realidad los juzgadores a lo que deberían ser cercanos es a la constitución.
¿A qué pueblo se quiere que sean cercanos? ¿Al de los 120 millones de habitantes de México o al de morena exclusivamente?
Hasta hoy las declaraciones que he leído en favor de esa reforma provienen de dogmáticos del derecho que no tienen idea ni de cómo se repone una violación procesal.
Poco ha de vivir el que no vea en qué termina el último deseo presidencial, pero poco menos ha de vivir el que no vea el lío en que esto acabará para los justiciables.
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*Jesús Sierra Arias. Es abogado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido secretario ejecutivo del Nuevo Sistema de Justicia Penal; secretario de Educación en Michoacán; integrante del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. Ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán.
