Por JUAN ADOLFO MONTIEL HERNÁNDEZ*
En estos días que ha estado en la discusión pública los temas de la reforma al Poder Judicial, la ciudadanía a través de las redes sociales se ha interesado e informado de como es la conformación de los órganos colegiados, en este caso del Poder Legislativo a nivel federal.
Por ello, debemos de retomar el tema sobre la importancia de la “representación política” que es aquella que se otorga a la persona postulada por un partido político o una coalición y que asume a través del voto popular para actuar a nombre del electorado en la toma de decisiones sobre asuntos de carácter público y del poder político.
Existe diversa normatividad a nivel internacional, indicando que es un derecho de la ciudadanía el poder participar en la discusión de asuntos públicos, a través de la representación política, la cual debe hacerse mediante elecciones de manera permanente, periódica y en libertad lo relacionado a la emisión del voto.
Después del pasado 2 de junio, fecha de nuestra pasada jornada comicial donde la ciudadanía pudo dar su voto, los resultados fueron que existían diferentes fuerzas políticas con votación y que deberían estar incorporadas en ambas cámaras legislativas, tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
Lamentablemente nuestra normativa actual no establece que deba trasladarse de forma pura y genuina esa votación, sino por medio de ciertas fórmulas de sobre y subrepresentación, es decir, más escaños para unos y menos escaños para otros de acuerdo con su votación y triunfos obtenidos. Resultado de ello, se fortalecieron los grupos mayoritarios en detrimento de los grupos minoritarios.
Por otro lado, también se ha puesto a la discusión de la representación política, la posibilidad de postularse por un partido político, del cual se aprueba una plataforma política y promesas de campaña de ese partido o coalición; pero cuando asume el cargo se cambia a un partido diferente, lo cual tampoco refleja esa representación obtenida conforme al electorado.
Esto último afecta a la confianza de la ciudadanía al sistema político y democrático, se siente traicionado el electorado porque la persona actúa de mutuo propio. Es necesario hacer una revisión legal de la representación y de la emisión del voto.
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*Juan Adolfo Montiel Hernández. Es licenciado en Derecho por la UNAM; Maestro en Ciencia Política por la UVAQ. Doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Profesor en diversas universidades de Michoacán. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actualmente en consejero en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
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