Por JAIME DARÍO OSEGUERA MÉNDEZ*
Cuando observamos en los medios y redes sociales los despliegues de fuerza que ostentan grupos de la delincuencia en diferentes lugares del país, viene a la mente el aumento en la delincuencia, acompañado del deterioro en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la policía.
Un estudio publicado en la revista Science, exhibe que la delincuencia organizada es el destino de una gran cantidad de hombres y mujeres, principalmente jóvenes, en una cantidad que pudiera llegar hasta 180 mil, lo que los convertiría en el cuarto o quinto gran empleador en el país por encima de Bimbo, Oxxo, Pemex, Coppel y Grupo Salinas.
Los datos del INEGI, dicen que en 2021 esa es más o menos la misma cantidad de policías que tenían las fuerzas estatales. Tienen todo un ejército. Asi de grave el asunto.
Por su puesto que el concepto “delincuencia organizada” es muy amplio y puede incluir decenas o hasta cientos de giros, negocios, actividades y sectores que se encuentran en la frontera de lo lícito o que desarrollan algunas de sus actividades en la legalidad y otras que, inicialmente informales pasan después al ámbito de la ilegalidad y la delincuencia.
El punto es la gran capacidad que tienen los delincuentes para atraer a sus redes a decenas de miles de personas.
El mismo estudio de la revista Science, dice que la manera de disminuir la violencia será reducir significativamente el reclutamiento de jóvenes en todas las zonas del país; tanto en regiones y comunidades rurales como en ciudades.
Siempre siguiendo los resultados del estudio, se establece que si no se pone atención y el reclutamiento sigue, los cárteles aumentarán su presencia de manera significativa hasta al menos 220 mil integrantes en los próximos cinco años, casi cincuenta mil más de los que se calcula participan ahora.
El modelo estudiado percibe que el recorte del reclutamiento a la mitad, bajaría unos treinta mil integrantes y, en el caso hipotético de que se evitara completamente el reclutamiento de nuevos miembros, aún así habría más de cien mil integrantes de la delincuencia.
Actuar hoy para impedir nuevos reclutamientos provocaría que no se duplique la cifra de miembros en la delincuencia en los próximos cinco años.
Esto explica por qué no se reduce la violencia no obstante las detenciones y extradiciones de los capos de la droga. A pesar de la gran cantidad de dinero, discursos y reproches, la cantidad de homicidios entre bandas criminales, se ha triplicado en los últimos tres lustros.
Quienes saben y estudian las estadísticas sobre seguridad pública calculan que por cada mil habitantes debería haber 1.8 policías y en la actualidad solamente tenemos 0.9.
Estos dos fenómenos, el alto reclutamiento por la delincuencia y la falta de elementos y capacidades por parte de las policías a final de cuentas son la causa de una buena parte de la violencia que vive el país.
El gran tema es ir a las causas no a las consecuencias.
Las causas están en la necesidad de trabajo, la pobreza, miseria y desigualdad que lleva a los individuos buscar alternativas fuera del circuito legal de empleo e ingreso, para acudir a las rutas de la clandestinidad.
Las actividades “formales”, que generan empleos con remuneraciones regulares, pagan impuestos y cubren las prestaciones de seguridad social de sus empleados, siempre ha sido un termómetro de la evolución de la economía.
A diferencia de la “informalidad” que tradicionalmente se refiere a las actividades en mercados poco regulados o supervisados, de bajos niveles de especialización y de escolaridad promedio, sin registro para el pago de impuestos y con alta precariedad laboral, sin prestaciones sociales.
Hoy lo que estamos viendo no es un aumento tan significativo de la “informalidad” porque se abre la puerta de la clandestinidad, a través de los salarios de la delincuencia.
Habrá que analizar cual es el efecto del ingreso complementario que reciben los individuos a través de los programas sociales.
La realidad dura del país reclama una estrategia de empleo para bajar el reclutamiento criminal en las zonas de alta incidencia de los cárteles de drogas
La discusión en el fondo es sobre el destino del dinero público. En qué se debe usar: para comprar más armas, equipos, cámaras, lo cual suena razonablemente necesario y para ser sinceros también urgente o, gastar el presupuesto en un sistema de reclutamiento para incrementar las capacidades de las policías, principalmente municipales, que juegan un papel específico en la gran cadena del combate a la delincuencia y que en el fondo son el eslabón más débil.
Habrá que convencer a quienes se asoman a la delincuencia por curiosidad o necesidad, que es más seguro participar del lado de las instancias de seguridad.
Hay razones sencillas: se calcula que en diez años van a morir o estar encarcelados una tercera parte de los actuales reclutas de la delincuencia.
¿Qué pasa si el incentivo es al revés? Hay ciudades del país donde el sistema de reclutamiento y capacitación de la policía incluye incentivos como empleos mejor remunerados a la generalidad; acceso personal a estudios profesionales o a la conclusión de estudios de nivel básico como la puerta a profesiones especializadas en seguridad pública, criminalística y otras afines.
Hay casos de éxito como Mérida, la capital más segura del país, donde las principales universidades, en carreras de muy difícil acceso como medicina o algunas ingenierías, destinan lugares para los hijos de los miembros de los cuerpos de seguridad, de manera que el policía que tiene una familia, acceso a una pensión en el futuro, y facilidades para adquirir una vivienda decorosa,; cuenta además con el incentivo de que sus hijos estudien en las mejores escuelas con lo que su pertenencia e identidad a los cuerpos policiacos los hace menos proclives a la tentación de la corrupción y la simpatía con actividades delictivas.
Hace falta reconocer nuestras carencias y voltear a ver lo que hacen otros. Nada menos.
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* Jaime Darío Oseguera Méndez. Es abogado y economista. Maestro en Desarrollo y Doctor en Sociología. Profesor de la División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Universidad Michoacana. Ha sido diputado local, Presidente del PRI-Michoacán y Secretario de Gobierno de Michoacán. Actualmente es el titular de la Notaría Pública Número 182 con sede en Morelia.
