Por DAMIÁN ARÉVALO OROZCO*
Los órganos autónomos fiscalizadores deben ser entes libres de cualquier duda sobre su actuar. Las personas que los integren podrán mostrar su solvencia en todos los aspectos y, más allá de filiaciones y relaciones de amistad, sus acciones deben estar apegadas a la ley. La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán De Ocampo dispone que la Auditoría Superior de Michoacán “se regirá bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, en forma simultánea, anual, posterior, externa, independiente y autónoma”. Sin embargo, en los últimos días con los acontecimientos suscitados, no parece que se cumpla con lo requerido.
En un país como el nuestro, donde constantemente se habla de corrupción, de políticos que se enriquecen de forma asombrosa a costa del erario público, un órgano auditor debería ser un referente de transparencia e imparcialidad, de apego a la ley y de plena confianza para el pueblo. Pero da la casualidad de que quienes nombran o designan al auditor son esos políticos muchas veces cuestionados y, para colmo, designan a un político que casi siempre se ha desempeñado en la administración pública.
Independientemente del proceso de designación y sobre quien haya recaído la responsabilidad de fiscalización, el desarrollo de los hechos por el cual fue destituido el actual auditor, más allá de existir alguna duda de su legalidad, que seguro resolverá la autoridad competente, ya no existe confianza para la permanencia del tan cuestionado auditor, ni la armonía entre las instituciones para realizar un trabajo exento de dudas, libre de venganzas entre los protagonistas.
Las auditorías como órganos de fiscalización deben estar acordes con los nuevos tiempos de gobiernos abiertos, de rendición de cuentas con plena disposición para mostrar la información pública de todos los sujetos obligados. Es necesario que abandonen esos obsoletos esquemas del pasado reciente, donde el gobierno se revisaba y supervisa a sí mismo y solo encontraba lo que “quería” encontrar y sancionar lo que políticamente le era de utilidad para los grupos en el poder con sistemas de vigilancia y controles parciales.
Como en otros países, en México, concretamente en nuestro Estado, la Auditoría debe ser ese órgano de fiscalización capaz de representar ese control y la vigilancia de la función pública, para que de esta manera sea un ente autónomo que haga de sus principales virtudes la transparencia y la rendición de cuentas que lleve a la prevención de ese lastre llamado corrupción. Además, debe ser un órgano fuerte que combata con toda la fuerza legal a los servidores públicos y la malversación de los recursos públicos.
¿Será mucho pedir al Congreso del Estado de Michoacán, en un ejercicio ético y apegado al derecho humano, a la buena administración pública, designar profesionistas responsables, probos para que ejerzan las facultades de investigación y promovente de sanciones y de las recomendaciones necesarias en el ejercicio y la trasparencia de los recursos públicos? Considero que no, debe ser una exigencia urgente para que lo hagan y doten de una autonomía plena, técnica y la imparcialidad de sus integrantes quede libre de toda duda. Y, sobre todo, que lo podamos medir con los resultados que muestren públicamente.
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*Damián Arévalo Orozco. Es Licenciado en Derecho por la FDCS de la UMSNH; Maestro en Derecho y Gestión Ambiental por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán; Doctor en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Fue director de la FDCS, donde actualmente es profesor e investigador de tiempo completo.
