Por JESÚS SIERRA ARIAS*
Los siguientes párrafos no tienen más propósito que desahogar mis pensamientos y preocupaciones sobre los acontecimientos que, considero, nos llevarán a una situación jurídica, política y social de consecuencias no advertidas.
No me queda duda que vivimos en una sociedad apática y sin perspectiva de futuro. En México la indolencia siempre ha dejado su huella; sin embargo, hoy es más criticable por el hecho de que las redes sociales y otros mecanismos modernos de comunicación nos tienen al tanto de lo que sucede en minutos, razón por la que no se puede argüir desinformación.
Los partidos políticos son una vergüenza pública. Sin ideologías básicas, sin compromiso público, sin responsabilidad de ningún tipo, sin dirigencias reales, se han venido comportando como patentes de corzo que ponen su “membresía y votos” al servicio de quien les satisface su estricto interés personal, más allá de todo compromiso electoral y político propios de todo partido político que se precie de serlo.
Como siempre, algunos de los representantes populares electos a partir de la postulación del algún partido, sin recato de ninguna naturaleza, abandonan al partido postulante para irse en busca de mejores oportunidades; literalmente se ponen en subasta.
Saltan de un lado a otro a condición de la mejor oferta por su “trabajo”, con el consecuente olvido de cualquier compromiso anterior. ¿La ideología, la lealtad, la República? Esas cosas románticas no tienen importancia en el pragmatismo rapaz de la modernidad política. Afortunadamente muchos legisladores son congruentes, pero lo lamentable es que no se salvan ante el actuar de los rapaces.
Y esta realidad, ideada, modelada y ejecutada por quien posee el poder público y los recursos es aprovechada a cabalidad para dar rienda suelta a la venganza, a apaciguar la frustración y contradecir al mundo entero, al fin somos soberanos e independientes, en lo que nos conviene.
Y vuelvo con la sociedad apática e indolente. Ésta que no se manifiesta, que no apoya, que no le va ni le viene, está que por míseras dádivas voltea la cara, se hace a un lado y deja, si, deja, que incapaces, dóciles, ignorantes y simuladores se hagan cargo de las instituciones y de la vida pública, que llenará de baches y tropiezos a las siguientes generaciones.
Muchos jóvenes están preocupados por lo que están viendo, pero no tienen quien los acompañe. Esta generación de adultos está condenada a la vergüenza y a la recriminación de la juventud porque no supimos defender lo que generaciones pasadas nos legaron y que hoy estamos dejando ir como agua entre las manos.
Desde mi individualidad me sumo, me solidarizo y apoyo la lucha de los trabajadores del poder judicial, no con el ánimo de defender el cargo de los jueces y magistrados o
Ministros, de los que me queda claro que en muchos casos en sus arengas públicas lo único que argumentan es que no los separen de su trabajo; cosa por demás lamentable, porque no es el trabajo de alguien en particular lo legítimamente defendible, sino lo que importa en lo general es que prevalezcan los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial.
No me sumo a la lucha para defender cargos, me sumo para que prevalezca la auténtica separación de poderes.
Me sumo, para tratar de hacer ver que perderemos la independencia y autonomía del poder judicial. Para que los jueces cuando resuelvan no consulten primero a nadie, sino únicamente hagan valer la constitución y la ley.
Hoy escucho en las noticias que un juez federal detuvo una orden del presidente de los Estados Unidos de América, para que no se aplique una medida migratoria. Un juez deteniendo una orden del Presidente Biden. Así es.
Para eso sirve la independencia judicial, no para que les reclamen si dejaron salir a un presunto delincuente o no.
El fondo de la reforma estriba en que al que manda no le gusta compartir el poder y la gran mayoría, no sabemos decir que no.
Ojalá hubiera más vergüenza pública y honorabilidad, pero me queda claro que somos indolentes y complacientes con el poder.
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*Jesús Sierra Arias. Es abogado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido secretario ejecutivo del Nuevo Sistema de Justicia Penal; secretario de Educación en Michoacán; integrante del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. Ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán.
