La Página
Por VERÓNICA TORRES MEDRANO
Morelia, Michoacán.- Al menos cuatro abogados que laboran en el Instituto de Defensoría Pública están amenazados por personal infiltrada de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes buscan beneficios económicos, y por grupos antagónicos; hace un año una abogada solicitó asilo político en los Estados Unidos, denunció el director general, Felipe Morales Correa.
En atención a los medios de comunicación, especificó que se han detectado casos de corrupción y extorsión, por lo que se ha recurrido a diversas instancias de seguridad, a fin de que se brinden las medidas necesarias, toda vez que la mayoría de los casos registrados se encuentran en las regiones de Tierra Caliente y Costa (Lázaro Cárdenas).
Inclusive, señaló, al detectarse casos de corrupción por parte de personal de la FGE, los casos son referidos a Morelia para su atención.
Y es que dijo que muchas veces los defensores públicos desconocen los acuerdos que se generan por “abajito” y no existe la coincidencia en los hechos, además de que buscan cobros fuera de la ley para beneficiarse económicamente.
Relató diversos hechos que se han registrado, especialmente de unos indígenas que fueron extorsionados por personal de la FGE, quienes querían cobrarles una cierta cantidad de dinero para no esperar las 48 horas del proceso; el caso fue atraído a Morelia y esperar los tiempos correspondientes.
Asimismo, indicó que algunos ministeriales llaman a ciertos abogados para realizar el trabajo correspondiente, sin informar a la Institución, cuando el procedimiento es diferente.
“Todo eso fomenta la corrupción, eso es delincuencia”, resaltó Morales Correa al precisar que también las amenazas vienen por grupos antagónicos, toda vez que el 60 por ciento de los casos están relacionados a los delitos de alto impacto, por lo que las amenazas son “el pan de cada día”, además de malas praxis por los mismos servidores de la FGE.
