Por VERÓNICA TORRES MEDRANO
Morelia, Michoacán.- Al menos 20 pueblos fantasmas hay en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec; los grupos delincuenciales se han apoderado de los terrenos, lo que ha generado un sinfín de desplazados que se van a diversas partes del estado y el país, principalmente al norte donde de ser lugartenientes hoy, viven en la miseria.
El presbítero en Apatzingán, Gregorio López Gerónimo, Padre Goyo, dejó en claro que “con una buena pistola, me puedo hacer rico en una semana”, despojando a familias y las autoridades no hacen nada.
La Bocanda, El Cajón, El Charapo, Los Cuchi, La Limonera, Las Juntas, El Montoso, El Bejuco, Peña Colorada y El Charapo son algunas de las comunidades que han quedado sin gente en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec.
Indicó que hoy la preocupación radica en que las autoridades están volteando a otro lado, cuando los desplazados incrementan constantemente. Indicó que las cifras no coinciden, mientras ellos dicen que hay mil 500 desplazados, él tenía más de 5 en un solo municipio; pero en las regiones de Tierra Caliente y Sierra Costa habría hasta 35 mil personas que han salido forzosamente de sus hogares ante la violencia que se vive.
Y es que enfatizó que la situación no solo se encuentra en estas regiones, sino en varias partes toda vez que son al menos 8 municipios lacerados.
Este día, el Padre Goyo acompañó a la diputada de la Representación Parlamentaria, Fanny Lissette Arreola Pichardo, a la presentación de la Ley de Atención a Desplazados Forzado Interno en Michoacán, la cual busca que haya una visibilización de este fenómeno social, además que haya un reconocimiento pleno a sus derechos humanos y un Consejo que atienda el desplazamiento forzado y realmente cuente con estadísticas de la situación que se vive.
La legisladora comentó que si bien la mayoría de los desplazamientos forzados se dan por la violencia, indicó que también hay otros factores como la xenofobia, por lo que indicó que en la ley se trata de cubrir la mayor parte posible. Inclusive, dijo, se busca que los municipios otorguen constancias de residencia temporal a aquellas personas que son víctimas de la guerra de los grupos delincuenciales.
