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Se desarrolla la cuarta jornada del Curso en línea: violencias contra las mujeres

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Morelia, Michoacán. Como parte de las actividades del Curso en línea Día Naranja: violencias contra las mujeres, que lleva a cabo de manera mensual el Poder Judicial de Michoacán en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se desarrolló la conferencia Violencia institucional.

Al dar la bienvenida, la facilitadora del programa académico y directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN en Morelia, Estrella López Maciel, consideró positiva la colaboración para sumar esfuerzos de capacitación dirigida a las personas funcionarias públicas involucradas en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Lo anterior, ya que en ocasiones la violencia institucional es producto del desconocimiento de temas de género; en este sentido y para eliminarla es necesaria la deconstrucción de los patrones basados en estereotipos, así como consolidar redes de apoyo para evidenciar las conductas que atenten contra la seguridad de las mujeres en todos los ámbitos y espacios.

En la cuarta sesión del Curso participó como invitada especial la defensora de Derechos Humanos de las mujeres, Nadia Daniela Sánchez Martínez, quien estimó importante que la sociedad en general conozca el origen y significado de la campaña Día Naranja, el 25 de cada mes, impulsada desde hace más de una década por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo objetivo principal es visibilizar todo tipo de agresión contra mujeres y niñas.

Con base en el numeral 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, definió a la violencia institucional como los actos u omisiones de las personas servidoras públicas que discriminen o tengan como fin obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de agresión. 

Explicó que el acceso a la justicia incluye los procesos de procuración, impartición y administración de la misma, los cuales deben aplicarse de manera oportuna y bajo el principio de perspectiva de género. Asimismo, resaltó la importancia de que quienes laboran en las instituciones públicas no revictimicen y apliquen un enfoque diferenciado de los derechos humanos, a la par de que se refuercen las acciones de capacitación que repercutan en una atención más empática, receptiva y con calidez. 

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