La Página
Morelia, Mich., a 29 de abril de 2020.- Desde el Legislativo seguimos trabajando para que Michoacán pueda sobrellevar esta contingencia sanitaria que actualmente vivimos, es por eso que celebro que en comisiones logremos los acuerdos necesarios que nos permitan apoyar a los sectores más afectados por la pandemia.
Así lo afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, tras la primera reunión virtual de Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública y de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, en la que se aprobó el dictamen de autorizaron al titular del Poder Ejecutivo del Estado para la desincorporación de diversos bienes inmuebles para su posterior enajenación, presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado.
“Con esto el recurso se utilizará para atender la contingencia sanitaria”, afirmó la legisladora tricolor, quien dio explicó que la propuesta, en un principio, señalaba que el recurso se utilizara para alimentos, despensas, material médico y créditos.
“Pero también sugerí que además de eso se dejara abierto por si el Ejecutivo tenía otra necesidad que no se había contemplado; es decir, que fueran las distintas opciones mencionadas o lo que el Gobierno del Estado determine que es prioritario ante esta contingencia, durante y después de la contingencia”, detalló Hernández Íñiguez.
De acuerdo con el dictamen, en su artículo octavo señala que “los productos y aprovechamientos obtenidos con la venta de los bienes señalados en el Artículo 1°, se destinarán preferentemente para la compra de equipo y material médico para enfrentar la pandemia de COVID-19 en Michoacán, tal como respiradores mecánicos, googles médicos de seguridad, guantes, cubrebocas, máscaras quirúrgicas, equipo de laboratorio para realizar pruebas de detección de la enfermedad, gorros quirúrgicos, batas de laboratorio, alcohol, alcohol en gel y todos aquellos insumos, equipos y personal capacitado para manejar y utilizar los respiradores y equipo de detección de la enfermedad que se consideren de vital importancia para atender la enfermedad en los hospitales y clínicas públicas del Estado y para la reconversión hospitalaria necesaria para adecuar espacios físicos para la instalación de los equipos que se adquieran. Así mismo, para llevar a cabo programas alimentarios y otorgar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas instaladas en el Estado, a fin de obtener un balance presupuestario sostenible, al atender la pandemia y sus consecuencias económicas, sin afectar las finanzas estatales, en términos de lo establecido en el párrafo primero del Artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”.
Mientras que en el artículo tercero se estipula que “una vez decretado el fin de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y si aún no se han ejercido la totalidad de los recursos obtenidos con la enajenación de los bienes objeto del presente decreto, el restante se utilizará preferentemente para atender a los sectores que hayan sido más afectados por la misma”.
