Seguridad, derecho constitucional que autoridades deben garantizar a ciudadanos: PRD

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La Página/Redacción

Morelia, Michoacán.-En esta etapa al inicio de la transición de poderes en el estado, las autoridades deben priorizar que se garantice la seguridad, la paz y la tranquilidad en el estado, sobre todo por el incremento a últimas semanas de los hechos de violencia, inseguridad y delincuencia, reiteró el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña.

Enfatizó que la obligación actual del gobierno de Salvador jara es lograr el tránsito de un estado de inseguridad a uno de seguridad; donde los ciudadanos puedan esperar una respuesta pronta, eficaz y honesta por parte del Estado frente a cualquier situación de violencia y delincuencia.

El líder del Sol Azteca destacó que el Gobernador Electo, Silvano Aureoles, está demostrando su gran preocupación por el tema de la seguridad de los michoacanos, para ello se reunió ya con el General Felipe Gurrola Ramírez abordar asuntos relacionados a la seguridad del estado.

Asimismo, agregó que la responsabilidad del actual gobierno estatal en funciones es garantizar la tranquilidad y desplegar toda actividad social tendiente a la convivencia armónica entre los ciudadanos y al respeto de sus derechos constitucionales.

“Toda persona tiene derecho a la seguridad, por ello el diseño, implementación y evaluación de las políticas sobre seguridad ciudadana en la entidad tienen que estar definidos por la responsabilidad del Estado evitar las alteraciones al orden social, y por el contrario desplegar toda actividad social tendiente a la convivencia armónica entre los ciudadanos y al respeto de sus derechos constitucionales”, subrayó Torres Piña.

Añadió que en especial, la atención se debe centrar en los municipios de Tierra Caliente, en Morelia y en la franja fronteriza con el estado de Jalisco.

El dirigente estatal del PRD recalcó que combatir el flagelo de la delincuencia también con programas sociales de alto calado y en temas de prevención, además de crear políticas públicas de estado, en coordinación con las instituciones relevantes destinadas a la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, así como promover los programas educativos, especialmente en las escuelas, así como ampliar la concientización de los diferentes actores de la sociedad en temas de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad.

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