“Sentencias interesantes III”. Por Ignacio Hurtado Gómez

Aula Nobilis

SENTENCIAS INTERESANTES III

Por Ignacio Hurtado Gómez*

¿Cómo nos juzgan los jueces? Y ¿Qué decisiones relevantes toman en términos ciudadanos?

Creo que son dos cuestionamientos que como ciudadanía debemos preguntarnos de vez en cuando, y son dos preguntas que en mucho son síntoma de nuestro tiempo en donde el poder judicial se asume cada vez más como un poder democrático.

Y precisamente hace unos instantes escuchaba una charla de un jurista argentino –Roberto Gargarella– a quien le preguntaban la relación entre derecho y pueblo, por lo que él hacía una reflexión interesante en cuanto a que hoy día pareciera que de forma negativa el pueblo no se reconoce en el derecho, no lo entiende como suyo, y eso genera un distanciamiento importante que, como dice Barak es fundamental que los tribunales busquen acortar con sus sentencias.

Por eso, hoy referiré dos sentencias que en días pasados emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ambas reiterando algunos criterios pasados pero interesantes, la primera en relación con el tema de la violencia política de género, y la segunda en relación al derecho que tienen los ciudadanos de iniciar leyes.

Así, la primera es una sentencia dictada en un juicio ciudadano –el 383 de 2017– y en donde el Tribunal Electoral estableció que no se había dado violencia política de género en contra de una candidata a la gubernatura de un Estado en una elección reciente.

Más allá del caso concreto, lo que me interesa destacar aquí son los llamados elementos que reiteradamente la Sala Superior ha venido estableciendo para establecer si se da o no la violencia política de género y que, sin lugar a dudas habrá que tener muy presentes de cara al proceso electoral que iniciará en pasaditas siete semanas.

Esos cinco elementos son extraídos de algunas jurisprudencias y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, y consisten en que el acto u omisión:

  1. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;
  1. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas;
  1. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico;
  1. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y
  1. Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a una mujer por ser mujer, ii. tenga un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecte desproporcionadamente a las mujeres.

Y es a partir de estos elementos que las autoridades electorales deberán establecer en base a cada caso concreto, si se da o no la violencia política de género.

El otro asunto también es un juicio ciudadano –el 470 también de 2017– y en el cual de manera interesante el Tribunal Electoral resolvió que la Cámara de Diputados debía seguir el trámite de una iniciativa ciudadana ante la omisión de dicho órgano de no dictaminar la referida iniciativa.

En la sentencia se partió del hecho de que el artículo 35, fracción VII de la Constitución reconoce el derecho político-electoral a los ciudadanos de iniciar leyes; así mismo estableció que era criterio reiterado que los ciudadanos –al tratarse de mecanismos de democracia directa– podían impugnar, no solamente sobre la presentación de una iniciativa ciudadana, sino también de la omisión en que incurren los órganos legislativos al no dar trámite a dichas iniciativas.

En ese sentido, el Tribunal ordenó que se debía dar el trámite a dicha iniciativa y para ello se debía presentar ante el pleno de la cámara una vez que inicie su periodo ordinario de sesiones, no obstante que a la fecha no se encuentre dictaminada la iniciativa.

Aquí lo interesante es ver cómo desde hace rato la protección de los derechos político-electorales se ha venido ampliando, y cómo ahora alcanza a estos mecanismos de democracia directa. Al tiempo.

Una pequeña dosis de historia Nicolaita… Así estaban las cosas, cunado en los primeros días de mayo de 1911 se levantó en armas en Santa Clara, el Subprefecto de ese lugar, señor Salvador  Escalante, en favor del apóstol Madero. Rápidamente reunió a sus amigos, y tremolando la bandera del “Sufragio Efectivo. No Reelección”, se dirigió en son de guerra sobre Ario de Rosales, población que tomó sin dificultad. Cayeron en su poder, días después, las plazas de Tacámbaro, Uruapan, Puruándiro y Pátzcuaro.– Siguiendo el ejemplo de Escalante, en diversos puntos del Estado, como Zamora, La Piedad, Los Reyes y Jiquilpan se sublevaron otros vecinos, deponiendo a las autoridades mercadistas y libertando a los presos políticos.– La lucha en Michoacán fue breve, pero firme y decisiva. Bien puede decirse que provocó la caída del señor Mercado, ya que Escalante no le dio tiempo a enfrentar sus tropas con los maderistas, prefiriendo, ante la inminencia del peligro, abandonar el poder y refugiarse en México. En efecto, el 13 de mayo la Legislatura local expidió un decreto concediendo a don Aristeo una licencia por tres meses para separarse de su puesto de gobernador y nombrando substituto al licenciado Luis B. Valdés, que era Secretario General de Gobierno.– La situación política había llegado con esto a su punto más culminante en los 20 años anteriores. El poderío mercadista se derrumbaba estrepitosamente y se abría, ante los ojos azorados de los michoacanos, un nuevo horizonte donde flameaba una positiva esperanza de justicia social.– El pueblo no espero más. La misma noche del 13 de mayo, los liberales morelianos organizaron una manifestación que recorrió algunas calles de la ciudad, lanzando vivas a Madero y festejando la separación del señor Mercado y los triunfos de Escalante. En esta manifestación tomaron parte activa alumnos del Colegio de San Nicolás de Hidalgo y de los planteles de Jurisprudencia y Medicina, hijos suyos; así como miembros del “Círculo Paz y Unión” que trabajaba por la candidatura del doctor Miguel Silva González para Gobernador de Michoacán. 

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* Ignacio Hurtado Gómez. Es Maestro en Derecho; profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Actualmente es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

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