Alfredo Ramírez propone sancionar a funcionarios que incumplan decretos legislativos

La Página

Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2019.- En Michoacán se ha vuelto práctica recurrente que gobiernos, instituciones públicas y organismos autónomos no cumplan con las disposiciones contenidas en decretos aprobados por el Congreso del Estado, señaló el diputado Alfredo Ramírez Bedolla, quién propone una reforma para sancionar este tipo de omisiones.

Alfredo Ramírez explicó que cuando se aprueban leyes, códigos o reformas, los decretos suelen obligar a crear reglamentos, manuales y programas con el propósito de dar mayor orden administrativo al cumplimiento de los marcos jurídicos; sin embargo, “al no haber sanciones, ni medidas de apremio, pocos órganos del Estado cumplen con dicha obligación”.

Cómo ejemplo de ese incumplimiento, el diputado de Morena refirió que menos del 30 por ciento de municipios de Michoacán cuenta con reglamentos de operación urbana, zonificación y usos del suelo y de construcciones; solo 40 municipios tienen un Código de Ética de Servidores Públicos, y el Ejecutivo estatal no ha elaborado el Reglamento de Protección Civil en el Estado que debió aprobar desde el año 2017, solo por mencionar algunos de los muchos ejemplos de omisión ante los decretos legislativos que prevalece en la entidad.

Alfredo Ramírez promueve en el Congreso del Estado una reforma a la Ley De Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, con la que  pretende darle las armas necesarias al Legislativo para hacer que se cumplan las disposiciones de los decretos.

La reforma consiste en adicionar a la Ley de Responsabilidades Administrativas un capítulo en el que se establezcan las faltas por omisiones o incumplimiento de decretos legislativos, y otro capítulo en el que se especifiquen las sanciones. En ambos, se confiere a la Auditoría Superior de Michoacán la facultad de supervisar el cumplimiento de los decretos, y la atribución de imponer multas.

Las sanciones que plantea Ramírez Bedolla en su iniciativa van desde un apercibimiento, hasta multas y destitución del funcionario público en caso de incumplimiento reiterado.

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