La Página
Por PATTY TORRES
Morelia, Michoacán.- En la sesión extraordinaria de este martes 5 de mayo, los legisladores de la 74 legislatura darán cuenta de la recepción de la denuncia de juicio político presentada por el jurista David Daniel Romero Robles en contra de Silvano Aureoles Conejo, titular del poder ejecutivo del estado, por el decreto de confinamiento obligatorio publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 20 de abril y exigir se deje de politizar la contingencia que se vive por el coronavirus.
Es preciso recordar que el pasado 24 de abril, el abogado presentó al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada esta solicitud signada por autoridades comunales, colegio de abogados indígenas y compañeros referentes sociales, momento en que resaltó “los amparos promovidos y resueltos por los tribunales federales con la suspensión del decreto emitido por el gobernador de Michoacán probaron la inconstitucionalidad del mismo”.
Romero Robles quien aseguró que al representar a un sector de la sociedad tiene la calidad de presentar esta solicitud de juicio político ante el poder legislativo, dado que “el decreto de confinamiento obligatorio viola los derechos fundamentales. No se puede anteponer el discurso político e ideológico, por encima del estado de derecho y esta realidad que estamos viviendo obviamente que la aceptamos y creemos muy pertinente que tenemos que tomar las medidas preventivas que ha establecido la Organización Mundial de la Salud”.
En su visión, la medida decretada por el mandatario es inconstitucional al violentar tanto los derechos individuales, como colectivos, además de rebasar sus atribuciones, ya que este tipo de medidas sólo pueden ser emitidas por el presidente de la república con la aprobación del Congreso de la Unión.
De allí que la solicitud de juicio político contra Silvano Aureoles Conejo tiene como intención de que el poder legislativo lo exhorte a desistir voluntariamente del decreto de confinamiento obligatorio, y, en caso de negarse, el Congreso del Estado tendría la facultad de derogarlo.
