Por JOSÉ HERRERA PEÑA*
No se le ha entregado el país a un orate, a un sicópata, a un iluminado, sino a varios.
No ha fallado el pueblo sino nuestro sistema de partidos y, más importante aún, nuestro sistema político.
A los partidos que no están en el poder, la República les paga para que hagan la oposición. Una oposición sistemática, prudente, responsable y leal, con base en sus principios y programas.
Pero los partidos de la oposición han propuesto a sus orates, sicópatas, iluminados, aventureros, imprudentes, irresponsables, oportunistas, desleales y gritones, los cuales carecen de principios y están llenos de ocurrencias.
Los ciudadanos no han tenido más opción que la de elegir entre lo malo y lo peor. Lo malo, al conocerlo, lo ha rechazado. Sin embargo, ha supuesto que lo nuevo no es tan malo, porque ha ignorado que lo es. Y ha resultado que no sólo es malo, sino peor.
De este modo, el país ha ido de mal en peor.
Así como los partidos políticos, no sus orates, son los responsables de la degradación de nuestro sistema político, incluyendo el electoral, también son los únicos instrumentos a disposición de los ciudadanos para sanear y reformar dicho sistema, no sólo el electoral sino también el político.
Ahora más que nunca, los ciudadanos debemos exigir a los partidos políticos que están en el poder, que sujeten a sus orates no sólo a los principios y programas de sus partidos, sino también a las leyes en vigor. Si los representantes visibles son unos irresponsables, los demás representantes no deben avalar dicha irresponsabilidad.
Y debemos exigir a los partidos que están en la oposición que presenten no sólo nuevas figuras políticas, condenadas a convertirse en nuevos orates, nuevos sicópatas, nuevos iluminados, por la pésima configuración de nuestro sistema político, sino también que propongan un nuevo sistema político fundado en la elección por mayorías absolutas, no mayorías relativas, así como por representación proporcional en la cámara de diputados, en las legislaturas locales y en los ayuntamientos, no en el Senado. Y por la disminución de representantes por este último sistema.
Que propongan el establecimiento de un poder legislativo en los estados de la República formado por dos cámaras, no sólo por una.
Y la reducción del periodo de sus cargos de seis a cuatro años, en el caso de presidente de la República, gobernadores de los Estados y Senadores (federales y potencialmente locales), así como de cuatro a dos años en el de diputados federales y locales, presidentes municipales y regidores.
La República necesita un jefe de Estado que esté por encima de todas las banderías políticas, de todos los partidos y de todos los ciudadanos sin partido, y que los represente a todos por igual, porque el Estado no está formado por las partes del todo, sino por todos. Un jefe de Estado que esté a cargo de las fuerzas armadas y del servicio exterior, pero que no gobierne.
También necesita un jefe de gobierno que represente a la mayoría, que sea aprobado por el congreso y que quede sujeto a éste, no sólo administrativa sino también políticamente.
Los secretarios de despacho deben convertirse en secretarios de Estado y ser nombrados y removidos, no por el presidente, sino ser propuestos por éste al congreso y ser aprobados por el congreso, sujetos igualmente ante el congreso a responsabilidad política y administrativa.
Por lo que se refiere a los derechos humanos, derechos a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la propiedad, a la igualdad, a la seguridad y demás, deben ser protegidos por el Estado no sólo en el papel, sino también en la realidad, y éste, el Estado, debe quedar obligado a garantizar el disfrute y ejercicio de dichos derechos a todas las personas físicas y morales, incluyendo el derecho de las personas físicas a tomar las armas en defensa de sus instituciones.
El Estado debe quedar obligado, por consiguiente, a pagar a todas las personas físicas, a todos los seres humanos, una renta mínima universal desde que nacen hasta que mueren, y luego, durante su vida, los seguros necesarios que les permitan recibir un ingreso para vivir sanos, estudiar, trabajar, tener un techo y ejercer sus libertades y derechos en un marco de igualdad y seguridad.
Si los partidos políticos no establecen responsabilidades y obligaciones severas al Estado frente a las personas, y más severas a unos representantes frente a otros, México va a seguir dando tumbos y siendo saqueado no sólo por intereses extranjeros, sino también por las minorías internas perniciosas que ha tenido postrada a la Nación desde hace varias décadas.
Una denuncia sistemática de todas las violaciones a la ley que cometen los hombres públicos al amparo del poder, desde las más pequeñas hasta las más grandes.
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*José Herrera Peña. Es Licenciado en Derecho por la UMSNH. Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana. De cuantiosa bibliografía histórica. Ha sido abogado postulante, funcionario del gobierno en la República Mexicana y en otros países del mundo, entre ellos Canadá y Nicaragua. Catedrático de diversas Universidades de México y de otros países. Le otorgó la Secretaría de Cultura federal una Mención Honorífica “en reconocimiento a su trayectoria en el rescate de memorias y documentos”.