La Página
- Se comparten estas decisiones judiciales por tratarse de asuntos de interés público
Morelia, Michoacán, 13 de septiembre de 2025. Una Jueza de Enjuiciamiento de Uruapan presidió audiencia de individualización de la pena e impuso a los acusados Alexis Martell N., Luis Miguel M. y José M. y/o Humberto P. la pena de 50 años de prisión a cada uno. Se hicieron acreedores a una multa equivalente a más de $320,000 pesos, al pago de la reparación del daño íntegra cuantificable en la siguiente etapa, además de la suspensión de sus derechos políticos por un lapso similar al de la sanción corporal impuesta.
Los hechos se dieron el 13 de diciembre de 2018 cuando la víctima se encontraba junto con su madre en un estacionamiento de un centro comercial de Uruapan y se aproximó una camioneta en la que iban los sentenciados; desciende uno de ellos con una máscara blanca y arma de fuego, suben a la víctima a la camioneta para marcharse, exigiéndole que llamara a su madre y pidiera un millón de pesos a cambio de su liberación; en ese momento la madre solicita auxilio a los elementos de la Policía Michoacán que patrullaban por el lugar, dando pie a una persecución, logrando darle alcance, detener a los acusados y poner en libertad a la víctima.
En otro caso de Uruapan, por narcomenudeo un Juez de Control emitió auto de vinculación a proceso en contra de Fabián G. y Diego G. de origen colombiano. Impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso. Además, se autorizó un mes de plazo de investigación complementaria.
Los hechos por los cuales se les imputa ocurrieron el día 4 de septiembre de 2025, cuando ambos circulaban en una motocicleta sobre la calle Diamante esquina con la calle Plata, de la Colonia Ampliación Revolución, lugar en donde fueron detenidos por posesión de narcótico correspondiente a metanfetamina, siendo la dosis no permitida, localizando a Diego G. la cantidad de 0.0910 gramos y a Fabián G. la cantidad de 0.1135 gramos, siendo puestos a disposición de la autoridad correspondiente.
Además, en Zitácuaro un Juez de Oralidad Penal vinculó a proceso a José A. por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de investigación complementaria de 2 meses.
Los hechos se suscitaron en la ciudad de Huetamo; en el año 2022 la denunciante Astrid G. promovió un Juicio Especial Oral Familiar sobre Alimentos, en favor de su menor hija, tramitado ante el Juez Mixto de Primera Instancia de ese municipio. Dicho juez, dictó sentencia definitiva el 23 de octubre de 2023 fijando la pensión en $4,148.80 pesos de manera mensual, sin que hasta el momento haya cumplido. Adeudando hasta el mes de mayo de 2024, la cantidad de $57,393.00
