Por JUAN ADOLFO MONTIEL*
En estos días se ha estado mencionando, en diferentes medios de comunicación, el trabajo que se realiza para llevar a cabo una reforma electoral.
Dicha reforma será presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal, ya que es quien generará la propuesta de los cambios que considera necesarios para modificar el andamiaje jurídico y político del sistema electoral. Sin embargo, la posibilidad real de concretarla ha implicado escuchar y, eventualmente, conciliar con los aliados que integran la coalición partidista gobernante.
Esto es común en los sistemas parlamentarios, donde para impulsar ciertas reformas o propuestas se requieren los votos mayoritarios, lo que obliga a sumar a fuerzas políticas que, aunque minoritarias, resultan indispensables para alcanzar las mayorías. En conjunto con el partido dominante, estas fuerzas permiten avanzar en los cambios planteados.
Los partidos minoritarios se convierten en actores clave, ya que sin su respaldo no es posible llevar a cabo las reformas que se proponen. Esto, a su vez, implica ceder o conceder ciertas modificaciones, especialmente cuando los cambios afectarían directamente a esos partidos.
Por ello, todo indica que la reforma electoral transita, de ser la reforma deseada a convertirse en la reforma posible, producto de las pláticas y conciliaciones que se estarán realizando con las fuerzas políticas que integran la coalición gobernante.
Las negociaciones ya han iniciado y, a partir de ellas, conoceremos finalmente cuál será la propuesta de reforma electoral que se presente, una propuesta que no necesariamente reflejará el planteamiento original, sino aquella que resulte viable conforme al equilibrio de fuerzas políticas.
Seguramente en breve, podremos comentar las propuestas concretas de la reforma electoral, que no afectará prerrogativas ya existentes, como el financiamiento público o las posiciones plurinominales de los partidos políticos minoritarios.
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*Juan Adolfo Montiel Hernández. Es licenciado en Derecho por la UNAM; Maestro en Ciencia Política por la UVAQ. Doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Profesor en diversas universidades de Michoacán. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actualmente en consejero en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
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