Por JUAN ADOLFO MONTIEL HERNÁNDEZ*
La semana pasada se filtró en redes sociales un documento en el que se establecen diversas propuestas de modificación en el ámbito político electoral. Si bien fue descalificado o señalado como no definitivo, me parece que merece un análisis sobre lo que ahí se está planteando.
Por ejemplo, se proponen modificaciones en la representación política, es decir, en la cantidad de personas que ocuparían cargos de representación legislativa. La Cámara de Diputados pasaría de 500 a 508 integrantes para permitir representación política extraterritorial, es decir, que las personas que se encuentran fuera del país pudieran contar con representación en ese órgano legislativo.
Por otro lado, en la Cámara de Senadores se eliminarían las 32 senadurías de lista plurinominal, quedando únicamente las fórmulas electas por primera mayoría y primera minoría, es decir, los segundos lugares. Con ello se reduciría de 128 a 96 senadores y senadoras.
Desde mi punto de vista, esta medida es acorde con la lógica de representación en esa Cámara, ya que el Senado representa a las entidades federativas y las listas plurinominales no garantizan una vinculación clara con cada estado.
En cuanto al argumento de generar ahorros, se propone reducir el número de consejeras y consejeros del INE, pasando de 11 a 9 integrantes, lo que a mi parecer, esta medida no representa un gran ahorro.
Donde sí resulta cuestionable la idea de ahorro es en la propuesta de eliminar las juntas locales y distritales, es decir, las oficinas del INE en los 300 distritos electorales. En estos espacios no solo se realiza trabajo electoral, sino también labores permanentes de planeación y atención ciudadana, como la emisión de la credencial para votar y la instalación de centros de monitoreo de radio y televisión para verificar el cumplimiento de las pautas de los partidos políticos. Eliminar estas oficinas implicaría que, para cada proceso electoral, se tendrían que habilitar de manera temporal nuevos inmuebles, los cuales no siempre son fáciles de encontrar y adecuar. Además, se requeriría contratar personal eventual que no contaría con la capacitación, profesionalización ni experiencia del servicio profesional electoral, lo que podría afectar la calidad técnica y la confiabilidad de los procesos.
Esperemos que la reforma definitiva no incurra en estos errores técnicos de apreciación.
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*Juan Adolfo Montiel Hernández. Es licenciado en Derecho por la UNAM; Maestro en Ciencia Política por la UVAQ. Doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Profesor en diversas universidades de Michoacán. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actualmente en consejero en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
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