Por GUILLERMO VALENCIA REYES*
Disfrazar el saqueo de inversión es una perversidad. Nunca permitamos se normalice que el patrimonio de Michoacán se trate como si fuera un inventario en liquidación. La sesión en la que la mayoría del Congreso autorizó la desincorporación de 38 inmuebles del Gobierno del Estado dejó al descubierto una manera de ejercer el poder violenta la idea misma de que los bienes del Estado pertenecen a todas y a todos.
El discurso oficial intenta vender la desincorporación como modernización y responsabilidad social. Se nos dice que cuatro predios se donarán al IMSS para guarderías y servicios médicos y que está prohibida cualquier donación a particulares. El presidente de la Mesa Directiva aseguró que el patrimonio se utilizará para beneficio colectivo. Pero el comunicado oficial calla lo que la ciudadanía tiene derecho a saber: el destino concreto de cada predio, las condiciones reales de su posible venta y los mecanismos efectivos de vigilancia social.
Cuando una Legislatura decide desprenderse de 38 bienes inmuebles del Estado altera de raíz la columna patrimonial de Michoacán. El decreto transfiere la titularidad fiduciaria de 25 bienes al Fideicomiso de Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán, el Fidemich. La ciudadanía recuerda episodios de corrupción y desvío en fideicomisos que quedaron impunes. Cuando el patrimonio sale del inventario directo del Estado y se traslada a una figura financiera la vigilancia social se vuelve más difícil, porque la tentación de usarlos como moneda de cambio política crece peligrosamente.
El proyecto de decreto publicado en la Gaceta Parlamentaria número 098 exhibe un problema ético de fondo. Se dictaminó en apenas una semana, sin estudios técnicos, sociales y financieros que justificaran predio por predio la decisión. Saber si un bien está en zona estratégica para seguridad pública, para servicios de justicia o para atención a víctimas es un derecho colectivo. Cuando se simulan u ocultan los diagnósticos se impide a los michoacanos evaluar si la decisión fue prudente o si se está saqueando el patrimonio.
El proceso también estuvo marcado por señalamientos concretos de subvaluación. La diputada Grecia Aguilar denunció en tribuna que un predio en Zitácuaro con valor comercial de 44 millones de pesos aparece en el decreto con un avalúo de apenas 19 millones. Si eso se confirma, estaríamos ante un daño patrimonial al erario. Varios legisladores afirmaron, además, que las ventas ya están apalabradas con personajes cercanos a la administración estatal y, la diputada morenista Itzé Camacho advirtió que muchos predios ya tienen dueño y que estarían destinados a empresarios y exfuncionarios.
Las irregularidades no se limitan al contenido del decreto, también alcanzan al procedimiento. Durante más de tres horas, la sesión enfrentó a Morena y sus aliados con la oposición, pero también exhibió fisuras dentro del propio bloque oficialista. Sandra Garibay, Itzé Camacho, Belinda Hurtado y Juan Carlos Barragán votaron en contra junto a la oposición, coincidiendo en señalar la falta de transparencia del proceso. Al cierre, el resultado cantado desde la Mesa Directiva fue de 29 votos a favor y 11 en contra, pero cuando se trata de bienes valuados en más de 720 millones de pesos, cada voto cuenta.
Resulta particularmente grave la actitud de quienes votaron alineados al gobierno como si fueran una extensión del Ejecutivo y no un poder soberano. Al avalar la desincorporación sin corregir las fallas del decreto, sin pedir más información, sin asegurar mecanismos robustos de participación ciudadana, renunciaron en los hechos a su papel de contrapeso y se colocaron del lado del interés inmediato del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Desde el PRI en Michoacán iniciamos la ruta para promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lamentablemente, el instrumento se desaprovechó, por la falta de dos voluntades legislativas para cumplir ese requisito. Esa realidad revela la profundidad del problema: la ausencia de valentía de algunos legisladores para sostener una posición crítica frente al Ejecutivo, aun cuando saben que el decreto es cuestionable ética, política y normativamente. Sus intereses quedan de manifiesto y también, su decisión respecto a de qué lado de la historia desearon quedar. Más absurdo aún resultó que, hubo quienes en tribuna se opusieron, pero votaron a favor de la desincorporación. Después, tampoco quisieron firmar la promoción de la acción de inconstitucionalidad.
Sin embargo, la ruta legal no se agota ahí: impulsaremos también una revisión de los avalúos ante la Auditoría Superior del Estado, exigiremos la entrega pública de la documentación técnica y catastral de cada predio y promoveremos una iniciativa de ley que establezca reglas más estrictas para futuros procesos de desincorporación.
Por todo ello, mi llamado es claro. A mis compañeras y compañeros diputados los invito a que se sumen a la defensa del patrimonio estatal. A las organizaciones civiles, a las víctimas del delito y a la ciudadanía en general les pido que no dejemos pasar este tema, que preguntemos y exijamos, que acudamos al Congreso a cuestionar a los legisladores dóciles.
¡Michoacán no está en venta! Mientras tengamos voz la usaremos para impedir que la desincorporación de estos bienes se convierta en el precedente de una larga cadena de despojos silenciosos.
¡México y Michoacán merecen una revolución institucional y social!
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*Guillermo Valencia Reyes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fundador de la Asociación Civil “Revolución Social”. En el terreno político ha sido presidente del Frente Juvenil Revolucionario; diputado en el Congreso del Estado; presidente municipal de Tepalcatepec; y actualmente presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y legislador local.
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