Por JUAN ANTONIO MONTIEL HERNÁNDEZ*
Desde su creación como Instituto Federal Electoral hace más de treinta años, y posteriormente como Instituto Nacional Electoral, esta autoridad administrativa electoral fue concebida como un órgano colegiado. Esto significa que las decisiones más relevantes no recaen en una sola persona, sino en un cuerpo plural cuya función es deliberar y resolver de manera conjunta a través de su Consejo General.
La integración total del INE es de once consejeras y consejeros electorales. Precisamente esta semana, la Cámara de Diputados deberá votar las tres quintetas que propondrá el Comité Técnico de Evaluación, instancia creada para desarrollar el procedimiento de selección y presentar al Pleno perfiles considerados idóneos para ocupar las vacantes disponibles.
No se trata de una decisión menor. De la calidad, experiencia e independencia de quienes sean designados dependerá parte importante de la fortaleza institucional del árbitro electoral en los próximos años. Por ello, el proceso no debe entenderse como una simple formalidad legislativa, sino como una definición estratégica para la vida democrática del país.
Además, para mantener la paridad en la integración del Consejo General, lo procedente sería designar a dos mujeres y un hombre, con lo cual se conservaría un equilibrio de cinco consejeras, cinco consejeros y la consejera presidenta. A ello se suma el mandato emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral, que determinó que en cada una de las quintetas debe considerarse al menos una persona mediante acción afirmativa.
Sin embargo, existen elementos que generan preocupación sobre la manera en que se integrarán finalmente esas quintetas. La semana pasada, el Comité Técnico de Evaluación publicó una lista de cincuenta personas consideradas idóneas, luego de aplicar exámenes, entrevistas y revisiones documentales sobre ensayos, exposiciones de motivos y trayectorias profesionales.
El problema es que, de ese listado preliminar, se advierte una presencia limitada de perfiles vinculados con acciones afirmativas. También se observan aspirantes con escasa o nula trayectoria electoral que, aun así, obtuvieron calificaciones destacadas. Al revisar las entrevistas, que además son públicas, en algunos casos no se aprecia un conocimiento sólido en materia electoral ni experiencia especializada en la función.
Esto resulta relevante porque el Consejo General del INE es el órgano encargado de tomar las principales decisiones en nuestro sistema electoral: organización de elecciones, fiscalización de recursos, registro de partidos políticos, lineamientos operativos, cómputos y resolución de múltiples controversias administrativas.
Por ello, la expectativa no debería centrarse únicamente en cumplir con los tiempos del procedimiento, sino en asegurar que lleguen las mejores y los mejores perfiles. La legitimidad del INE también depende de la calidad de quienes lo integran.
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*Juan Adolfo Montiel Hernández. Es licenciado en Derecho por la UNAM; Maestro en Ciencia Política por la UVAQ. Doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Profesor en diversas universidades de Michoacán. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actualmente en consejero en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
